La muerte de un menor de edad en Recoleta, tras el choque entre un furgón escolar y un vehículo que huía luego de cometer un robo con violencia, ha motivado que senadores de la UDI presenten una acción ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) contra el Estado de Chile y el Presidente Gabriel Boric, acusando un abandono del Estado en materia de seguridad pública.
Según los parlamentarios José Durana y Luz Ebensperger, el incidente refleja la falta de control estatal, la debilidad de la persecución penal y la ausencia de prevención, dejando a las familias expuestas a la violencia.
“Cuando un niño muere camino al colegio por culpa de delincuentes que circulan impunemente, no estamos ante un hecho policial, sino ante un síntoma del abandono del Estado. El Gobierno perdió el control y con él, el derecho más básico, el de vivir en paz”, afirmó Durana.
Por su parte, Ebensperger señaló: “Lo que ocurrió en Recoleta no solo es una tragedia, también es una vergüenza nacional. Esta es la normalidad del que el Gobierno nos habla. Ha relativizado la autoridad, debilitado a las policías y abandonado a las víctimas”.
El líder del movimiento No + Víctimas, José Miguel González, explicó que este caso evidencia que la inseguridad en Chile constituye una vulneración sistemática de derechos humanos, y anunció que el equipo jurídico de la organización acompañará a la familia del menor y recopilará antecedentes para sustentar la acción internacional.
Además, los parlamentarios UDI anticiparon que impulsarán iniciativas en el Congreso para reforzar la responsabilidad del Estado en materia de seguridad y protección de víctimas, mientras buscan apoyo de otras familias afectadas, como la de Tamara, niña asesinada en un portonazo y cuyo caso dio origen a la Ley Tamara.
En palabras de González, “Chile no puede naturalizar la muerte de un niño camino al colegio. Si el Estado no garantiza la paz, tendrá que hacerlo la justicia internacional”.
