A pocas horas de conocerse el fallo de la Corte de Apelaciones de Iquique que ratifica la condena por un caso de abuso de poder y hostigamiento contra una funcionaria contratada a honorarios por la Municipalidad de Pica en contra del alcalde Iván Infante donde debería pagar una indemnización de $20 millones de pesos. (lee nota anterior aquí)
En ese sentido, el caso consiste en que una funcionaria, Marta Bauman Figueroa fue despedida tras presuntas irregularidades en la administración comunal. El municipio a través de un comunicado señaló que:
“Frente a informaciones y comentarios de carácter sensacionalista y político sobre la reciente resolución de la Corte de Apelaciones de Iquique, la ilustre Municipalidad de Pica informa a la comunidad que el proceso judicial aún no ha concluido”.
Así también aclararon que la casa comunal, ejercerá el derecho de recurrir a la Corte Suprema, con el objetivo de que se pueda “realizar un análisis completo de los antecedentes y de las inconsistencias que se mantienen en el fallo actual”.
Por otra parte, desde la casa consistorial aclararon que “no existió despido por esta parte, y que en el propio fallo de primera instancia no se acreditó vulneración a la honra, la dignidad ni al derecho al trabajo de la excolaboradora, como tampoco se hizo referencia a la acreditación de supuestos hechos corrupción”.
Además, señalaron que los “antecedentes y contradicciones serán puestos nuevamente a disposición de la siguiente etapa judicial”. Puesto que, como entidad pública, “reafirmamos nuestro pleno respeto hacia los derechos y las garantías constitucionales, negando categóricamente cualquier afectación «sistemática» a funcionarios o funcionarias municipales, y reiterando nuestra total confianza con el Poder Judicial y las diferentes instancias que lo componen”.
También detallaron que “nuestro compromiso siempre será con la verdad, la transparencia y la justicia”.
Finalmente, la “Municipalidad de Pica, liderada por su alcalde Iván Infante Chacón, reitera la obligación con el bienestar de su personal y con la construcción de un entorno laboral seguro, digno y respetuoso para todas y todos quienes integran el servicio público”.
