En un esfuerzo unánime por frenar el avance del comercio ilegal y acorralar las finanzas de bandas delictuales, la Comisión de Gobierno Interior dio luz verde a un proyecto clave. La iniciativa amplía el radar de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), incorporando a puertos, empresas de carga, couriers y almacenes a la lista de entidades obligadas a denunciar operaciones sospechosas.
Cerrar las puertas al dinero ilícito y fortalecer la detección temprana son los objetivos centrales del nuevo proyecto aprobado por unanimidad en la Comisión de Gobierno Interior. La instancia parlamentaria respaldó una modificación estructural que busca evitar que sectores estratégicos de la economía sean utilizados para blanquear capitales vinculados al comercio ilegal y al crimen organizado.
A través de una indicación firmada por los propios integrantes de la comisión, se acordó ampliar el listado de entidades obligadas a reportar operaciones sospechosas, reforzando así los mecanismos de control y la trazabilidad en rubros que hasta hoy operaban con menores niveles de fiscalización financiera.
El nuevo radar: Transporte y logística bajo la lupa
El corazón de esta normativa radica en el reconocimiento de la vulnerabilidad y el rol clave que juega la cadena de suministro internacional y nacional. Con la aprobación de este texto, la norma incorpora formalmente a empresas del ámbito logístico y de transporte al sistema preventivo. Entre las nuevas entidades que deberán rendir cuentas se encuentran:
- Compañías de carga aérea, marítima y terrestre.
- Empresas de transporte internacional.
- Operadores portuarios y terminales extraportuarios.
- Agentes de carga y aduanas.
- Empresas de envíos (courier) y almacenes.
Todas estas instituciones se sumarán a las obligaciones que actualmente ya rigen para bancos, notarías, casas de cambio y corredoras de bolsa, debiendo informar directamente a la Unidad de Análisis Financiero (UAF) sobre cualquier anomalía detectada en el ejercicio de sus funciones.
¿Qué es una operación sospechosa y cómo funcionará el reporte?
La legislación define que una operación sospechosa es aquella que resulte inusual o que carezca de una justificación económica aparente. Asimismo, incluye transacciones vinculadas a delitos o a personas que figuren en las listas de alerta de organismos internacionales.
Para garantizar la operatividad de la ley, cada empresa deberá designar a un encargado oficial para relacionarse de manera directa con la UAF. Un punto crucial del proyecto es que reafirma que las normas de secreto o reserva comercial no serán impedimento para cumplir con estas denuncias.
Además, para incentivar el reporte oportuno y sin temor a represalias, la ley establece que toda información entregada de buena fe quedará exenta de responsabilidad legal para quien la emita.
De un 3% de fiscalización a un control real
La presidenta de la comisión, la diputada Joanna Pérez, valoró profundamente el trabajo transversal logrado durante la tramitación de la moción. La parlamentaria expuso una cifra reveladora y preocupante: hasta ahora, solo un 3% de la carga era fiscalizada en el país. Según explicó la diputada, este escenario de vulnerabilidad cambiará drásticamente con la incorporación de estas nuevas entidades obligadas. Finalmente, Pérez subrayó que este paso significa un fortalecimiento directo a la labor de Aduanas y al trabajo coordinado entre las instituciones del Estado, lo que será fundamental para acorralar las finanzas del crimen organizado y, sobre todo, para restablecer el Estado de derecho en los recintos aduaneros y portuarios del país.
