La parlamentaria por la Región de Tarapacá ingresó un requerimiento formal para fiscalizar la extensión de plazos otorgada a la compañía de telecomunicaciones. El oficio exige aclarar bajo qué respaldo legal se amplió la verificación de obras del segundo hito y pone la mira en las seis localidades aisladas que aún esperan conectividad en el norte.
La ofensiva fiscalizadora en el norte no se detiene. La senadora Danisa Astudillo ingresó un documento directo a la Subsecretaría de Telecomunicaciones (Subtel) para exigir explicaciones transparentes sobre la decisión de extender hasta la semana del 20 de octubre el plazo para verificar si la empresa WOM cumplió con el segundo hito del acuerdo estipulado con el Consejo de Defensa del Estado (CDE) en el marco de la red 5G.
La exigencia parlamentaria no es al azar. Astudillo fijó un plazo estricto: la respuesta institucional debe llegar por escrito antes del miércoles 21 de octubre, fecha clave en la agenda legislativa donde la subsecretaria de la cartera, Romina Garrido, está citada a rendir cuentas detalladas ante la Comisión de Transportes y Telecomunicaciones del Senado.
El trasfondo del acuerdo transaccional y los plazos originales
Todo este escenario se remonta al pacto alcanzado en 2025 entre la operadora de telecomunicaciones y el CDE, un acuerdo que otorgó un nuevo calendario de ejecución luego de que la compañía incumpliera la fecha límite original establecida en octubre de 2023.
Bajo los nuevos compromisos adquiridos, la operadora tenía la obligación de acreditar el 90% del proyecto técnico al 30 de septiembre de 2026, mientras que el 10% restante debe quedar completamente instalado antes de que finalice el año, específicamente el 31 de diciembre.
Sin embargo, otorgar un margen extra encendió las alarmas en la representación regional. A juicio de la senadora Astudillo, entregar un plazo excepcional para este hito exige una fundamentación rigurosa, apuntando directamente al resguardo de la igualdad de trato, la seriedad de los compromisos con el Estado y la confianza pública en el rol fiscalizador de las instituciones.
El impacto en las zonas aisladas de la Región de Tarapacá
El núcleo de la preocupación parlamentaria recae en las localidades del interior tarapaqueño. El Estado fijó en su momento seis localidades obligatorias prioritarias debido a su profunda falta de conectividad digital, las cuales debían contar con señal operativa a más tardar el 7 de abril de 2023:
- Calatambo (Camiña)
- Parajaya (Colchane)
- Cultane y Corsa (Huara)
- Altos de Playa Blanca (Iquique)
- Quipisca (Pozo Almonte)
Pese a los años transcurridos y los compromisos contractuales, la realidad sobre el terreno es lapidaria. El propio Informe de Estado de Avance de Proyectos de la Subtel, correspondiente al tercer trimestre de 2025, confirma que ninguna de las seis localidades contaba con obras recibidas ni con inicio de servicio.
Las exigencias técnicas y legales del oficio parlamentario
Ante este escenario de retrasos acumulados, el documento ingresado por la senadora detalla una serie de preguntas técnicas que la Subtel debe responder por escrito:
- Respaldo administrativo: Se solicita precisar qué norma legal, reglamentaria o contractual facultó a la Subtel para extender la verificación más allá del 30 de septiembre y bajo qué acto administrativo formal se ejecutó.
- Ingresos fuera de plazo: El oficio pide aclarar por qué se tramitaron solicitudes de recepción de obras que la empresa habría ingresado fuera del límite fijado por la autoridad (ordenado para el 22 de septiembre y presentado a última hora).
- Estaciones operativas: Astudillo exigió conocer con exactitud cuántas estaciones base se encontraban efectivamente recibidas y autorizadas al 30 de septiembre, además del detalle sobre los reclamos de “fuerza mayor” presentados por la compañía.
El propio acuerdo transaccional estipula que los plazos se entenderán cumplidos estrictamente con la recepción de obras de las estaciones base autorizadas por parte de la Subtel, un estándar que la operadora aún intenta pavimentar bajo cuestionamientos.
Críticas a la opacidad institucional y denegación de datos
El control político también apuntó a la opacidad en la entrega de información pública. La parlamentaria por Tarapacá denunció una marcada falta de transparencia y la denegación de datos clave —tales como las velocidades de navegación y el porcentaje de avance ponderado—, los cuales fueron solicitados formalmente mediante la Ley de Transparencia pero terminaron siendo declarados en un burocrático estado de “validación”.
La discusión ahora se traslada a la comisión del Senado, donde el Ejecutivo deberá responder si las flexibilidades otorgadas a la compañía garantizan la conectividad que las familias de las zonas extremas del norte esperan desde hace años.
