En una jornada de alta tensión y marcadas divisiones transversales, la Sala de la Cámara de Diputadas y Diputados visó el libelo por 77 votos a favor, 68 en contra y una abstención. La ofensiva opositora avanzó a la Cámara Alta pese a llegar con un informe negativo de la comisión revisora y al férreo despliegue de la defensa jurídica.
El tablero político nacional experimentó un drástico giro legislativo. En una extensa e intensa sesión, la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó este martes la acusación constitucional (AC) en contra del exministro de Hacienda, Nicolás Grau, por presuntas infracciones legales y constitucionales referidas a proyecciones macroeconómicas erradas y la gestión de las cifras fiscales emanadas al cierre del gobierno de Gabriel Boric.
El libelo acusatorio, que mantiene en vilo al oficialismo, fue respaldado por un estrecho margen de 77 votos a favor, 68 en contra y una sola abstención, desatando una ola de repercusiones debido a los descuelgues y las divisiones políticas que quedaron en evidencia dentro de las distintas bancadas de la Sala. Con este resultado, el proceso político-judicial abandona la Cámara Baja y ahora será el turno de ser revisado y sentenciado por el Senado, que actuará como jurado.
Cuestión previa rechazada y el origen de la ofensiva opositora
La jornada comenzó a las 10:00 horas bajo una fuerte expectación. Al inicio del debate, la defensa del exministro de Hacienda, encabezada por el reconocido abogado Patricio Zapata, activó la denominada cuestión previa para alegar que el texto carecía de los requisitos formales exigidos para su tramitación. Zapata argumentó que el corazón de la acusación había quedado completamente debilitado por el último informe del Consejo Fiscal Autónomo (CFA); sin embargo, esta fue rechazada contundentemente por 81 votos en contra, 61 a favor y dos abstenciones, permitiendo la discusión de fondo.
La arremetida fue impulsada originalmente por parlamentarios del Partido Republicano y del Partido Nacional Libertario (PNL), sumando las firmas de diputados del Partido de la Gente (PDG), Renovación Nacional (RN) y el Partido Social Cristiano (PSC). El texto le atribuye a la exautoridad una directa responsabilidad política por las diferencias detectadas entre las estimaciones del déficit fiscal y la deuda pública para los años venideros.
“Esta AC no persigue errores, persigue responsabilidades, la falta de correcciones. No podemos aceptar que una autoridad quede liberada de toda responsabilidad porque los antecedentes fueron elaborados por equipos técnicos; la responsabilidad política existe para eso”, defendió con fuerza el diputado Pier Karlezi (PNL). En esa misma línea, el diputado Javier Olivares (PDG) respaldó la medida asegurando que “con las finanzas del Estado no se juega, no se improvisa”.
Un avance inesperado: El duro revés al informe de la comisión
La aprobación en Sala causó sorpresa en algunos sectores debido a que el libelo llegó con un informe negativo de la comisión revisora, la cual había recomendado el día anterior rechazar la acusación tras concluir que no existían fundamentos jurídicos suficientes. La presidenta de dicha instancia, la diputada Marcela Hernando (PR), criticó duramente a los acusadores en el hemiciclo señalando que fueron incapaces de identificar “qué acción específica del exministro Grau infringió qué norma determinada”.
Desde el oficialismo salieron a blindar de forma unánime el rol de la exautoridad. El diputado socialista Juan Santana cuestionó la validez del requerimiento lanzando una irónica pregunta al debate: “¿Desde cuándo hacer una proyección del futuro se convirtió en un delito?”. A su vez, el diputado Carlos Cuadrado (PPD) tildó la ofensiva opositora como “la expresión máxima de la mediocridad política” cuando los argumentos técnicos se derrumban. Las fisuras también tocaron a la derecha, donde diputados como Luis Pardo votaron en contra, instando a sus pares a “parar esta chacota y dedicarnos a legislar en todo aquello que nos demanda la ciudadanía”.
Tras confirmarse el inesperado avance del juicio político, la Sala acordó que una comisión tripartita de diputados —integrada por Pier Karlezi (PNL), Benjamín Moreno (Republicanos) y Paulina Muñoz (PNL)— asistirá formalmente ante el Senado para sostener la admisibilidad de la acusación y buscar los votos necesarios para la destitución e inhabilitación definitiva del exsecretario de Estado.
