El Séptimo Tribunal Oral en lo Penal de Santiago dictó veredicto condenatorio contra 17 integrantes de una red criminal, situando al grupo de facultativos como los principales articuladores del desfalco. Crearon más de 50 centros médicos ficticios y otorgaron 80 mil documentos fraudulentos, provocando un daño patrimonial superior a los $30 mil millones de pesos al Estado chileno.
En un fallo judicial sin precedentes que remece al ecosistema de la salud pública del país, la justicia chilena dictó un veredicto implacable. El Séptimo Tribunal Oral en lo Penal de Santiago declaró culpables a 17 implicados en el denominado megafraude a Fonasa, situando el foco principal de la condena sobre nueve médicos extranjeros, quienes operaban como las mentes y firmas principales detrás del otorgamiento masivo e indiscriminado de licencias médicas ideológicamente falsas.
La resolución pone punto final a un extenso e histórico juicio oral donde el Ministerio Público logró acreditar que los profesionales de la salud, valiéndose de sus títulos habilitantes, se concertaron con captadores y compradores para configurar una verdadera industria delictiva. Los delitos por los cuales fueron hallados culpables los facultativos y sus colaboradores abarcan emisión de licencias falsas, asociación ilícita, fraude de subvenciones y lavado de activos.
Los facultativos en el corazón del desfalco: «Grandes emisores»
La arista médica fue el motor que permitió desangrar las arcas fiscales. Según los antecedentes recopilados por la Fiscalía de Alta Complejidad Oriente, estos nueve médicos extranjeros se transformaron en los mayores emisores de licencias del país, firmando miles de reposos falsos sin realizar atenciones reales ni diagnósticos clínicos verdaderos.
Para dar una fachada de legalidad a este ilícito, los facultativos crearon y constituyeron más de 50 empresas de papel y centros médicos fantasmas. Apoyados por una agresiva red de operadores virtuales, la organización delictual utilizaba las redes sociales para atraer a falsos pacientes interesados en comprar días de descanso pagados por el Fondo Nacional de Salud.
“La Fiscalía tomó un camino e imputó a los médicos por fraude de subvenciones. Es un hecho inédito porque pudimos acreditar también que los imputados intervinieron en ese delito”, destacó con satisfacción el fiscal de Alta Complejidad Oriente, Álvaro Pérez, relevando la estrategia jurídica para condenar a los profesionales.
Un agujero de $30 mil millones de pesos
La magnitud del daño económico provocado por la red que encabezaban estos médicos superó cualquier registro previo en el país. El Ministerio Público y los equipos técnicos querellantes cuantificaron que la red alcanzó a tramitar la impactante cifra de más de 80 mil licencias médicas falsas, traduciéndose en pérdidas financieras directas superiores a los $30.000 millones de pesos para Fonasa.
Por su parte, el abogado Rodrigo Varela, gerente legal de ALTO Inmune y querellante en la causa, fue enfático en la trascendencia de haber puesto tras las rejas a los cabecillas del grupo: “Es un veredicto condenatorio que pone fin al mayor fraude en la historia del sistema de salud en Chile (…) estamos satisfechos de que esto marque un precedente respecto a que este tipo de fraudes no puede existir en nuestro país”.
El jurista agregó que la drástica condena no solo destruye el negocio de estos nueve profesionales de la medicina y sus captadores, sino que también constituye una severa advertencia penal para todos aquellos ciudadanos particulares que compraron estos documentos de manera irregular, abriendo la puerta a futuras persecuciones individuales por fraude al fisco.
