La Comisión de Seguridad respaldó la iniciativa en general con siete votos a favor. El proyecto inicia ahora la fase de indicaciones para afinar su redacción en el Código Penal y evitar reparos constitucionales.
La discusión legislativa en materia de orden público sumó una jornada clave en el Congreso Valparaíso. La Comisión de Seguridad de la Cámara de Diputados aprobó en general el proyecto de ley que busca crear un Registro de Vándalos e Incivilidades, superando su primer trámite formal tras una votación estrecha que terminó con siete votos a favor, cinco en contra y una abstención.
La iniciativa abre la puerta para formalizar un padrón de personas reincidentes en destrozos a la propiedad pública o privada, aunque todavía le queda un largo trecho por delante. Tras el visto bueno en lo general, el texto entra a la etapa de discusión artículo por artículo, donde parlamentarios de todos los sectores políticos buscarán modificar su alcance original.
EL PLAZO PARA LAS INDICACIONES Y LA ABSTENCIÓN EN LA MESA
La votación dejó ver de inmediato la división política en torno a la herramienta legal. El voto de abstención corrió por cuenta del diputado Juan Marcelo Valenzuela (PDG), mientras que el resto de los integrantes de la instancia marcaron posturas encontradas entre la bancada opositora y la oficialista.
Para ordenar el debate técnico que se viene, la mesa directiva de la comisión fijó un calendario ajustado. Los parlamentarios tendrán hasta este próximo 21 de agosto al mediodía para ingresar formalmente todas sus indicaciones, fecha en la que se reanudará la revisión detallada de cada indicio del texto legal.
EL GOBIERNO INTERVIENE PARA EVITAR REPAROS CONSTITUCIONALES
Atento al margen estrecho del resultado, el Ejecutivo confirmó que ingresará indicaciones propias para destrabar los puntos más controvertidos de la propuesta. El subsecretario del Interior, Máximo Pavez, ratificó que el Gobierno buscará una redacción que logre un consenso amplio tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado.
«Hicimos una propuesta, hemos escuchado y tomado nota de muchas inquietudes que hay en el ámbito penal y en el ámbito constitucional», señaló Pavez tras la votación. La meta del Ministerio del Interior es ajustar las sanciones administrativas y penales sin vulnerar garantías fundamentales, asegurando que la herramienta sea viable y aplicable en los tribunales del país.
