La Municipalidad de Iquique notificó el desalojo a quienes ocupaban ilegalmente un terreno en avenida Cerro Dragón, entre Playa El Águila y Ramón Pérez Opazo. La medida responde a denuncias de vecinos por delitos e insalubridad, fijando 15 días de plazo antes de intervenir con maquinaria y Carabineros.
Las denuncias de las familias del sector finalmente rindieron frutos en la gestión municipal. La Municipalidad de Iquique inició formalmente el trámite para restituir un bien de uso público ubicado en avenida Cerro Dragón, específicamente en el tramo comprendido entre la calle Playa El Águila y la avenida Ramón Pérez Opazo.
Durante meses, los residentes de las inmediaciones alzaron la voz ante el deterioro sostenido de la convivencia en la zona. Vecinos y vecinas le expresaron directamente al alcalde Mauricio Soria que en el lugar se generaban incivilidades cotidianas, focos de insalubridad y la probable comisión de delitos, situaciones que mantenían en vilo la tranquilidad del barrio.
Del diagnóstico en terreno a la resolución de la Delegación Presidencial
El operativo no nació de la nada, sino tras un trabajo coordinado de fiscalización que recopiló evidencias en el territorio. Equipos de Patrullaje Preventivo realizaron primero un diagnóstico completo de la ocupación irregular, levantando la información técnica que sirvió de base para formalizar la denuncia ante la Delegación Presidencial Regional de Tarapacá.
Con las pruebas sobre la mesa, la Delegación concluyó que correspondía la recuperación inmediata del espacio de todos los iquiqueños. El propio Secretario Municipal, acompañado por inspectores municipales y personal de Carabineros de Chile, llegó hasta el lugar para entregar la notificación oficial, dando el vamos al mecanismo legal de restitución.
Quince días de plazo: la advertencia del uso de maquinaria
Desde la Dirección de Prevención y Seguridad Pública de IMI explicaron que el proceso respeta los plazos legales, pero remarcaron que el desalojo no se detendrá. «Vecinos y vecinas manifestaron que esto ha alterado la vida de la comunidad por bastante tiempo», detalló el director de la unidad, Gonzalo Prieto, al dar cuenta de la acción en terreno.
Los habitantes irregulares del terreno ya están notificados y corriendo contra el reloj. Tienen un plazo de 15 días para abandonar voluntariamente el bien público, bajo la advertencia clara de que, si no lo hacen dentro de la fecha estipulada, el municipio concurrirá con maquinaria pesada y el auxilio de la fuerza policial para desalojar el área.
