Tras perder su fuero parlamentario y renunciar a la UDI, el exdiputado será imputado por delitos de fraude al fisco, tráfico de influencias y uso malicioso de instrumento privado. Mientras la fiscalía califica los hechos como actos de «alta corrupción», la defensa del exlegislador atribuye las irregularidades a meros errores administrativos en la gestión de su oficina.
Lo que comenzó como una investigación sobre irregularidades administrativas ha escalado hasta convertirse en uno de los casos de corrupción pública más mediáticos del último tiempo. El exdiputado Joaquín Lavín León, quien fuera una de las figuras de renovación en la centroderecha chilena, enfrentará finalmente la formalización de cargos por un presunto fraude al fisco que asciende a los $104 millones.
El proceso se llevará a cabo ante el Séptimo Juzgado de Garantía, marcando un hito tras el desafuero del exlegislador ratificado por la Corte Suprema. Lavín León llega a esta instancia sin fuero parlamentario, en calidad de imputado y fuera de las filas de la UDI, partido al que renunció tras el estallido del caso.
El mecanismo «SocialTazk»: ¿Apoyo legislativo o plataforma electoral?
El eje central de la indagatoria liderada por la Fiscalía de Alta Complejidad Oriente es la plataforma denominada SocialTazk. Según el Ministerio Público, se destinaron cerca de $93 millones de recursos fiscales para el desarrollo de esta herramienta.
- La tesis de la Fiscalía: Los persecutores sostienen que, bajo la fachada de un sistema de apoyo legislativo, se escondía una estructura diseñada para la gestión de datos orientada a fidelizar votantes y optimizar campañas electorales.
- El colaborador clave: En esta arista aparece el nombre de Felipe Vásquez, sindicado como el creador del sistema financiado con fondos públicos.
- La defensa: El abogado Cristóbal Bonacic descarta el fraude, argumentando que Lavín simplemente pidió a un tercero ejecutar una aplicación por la cual paga mensualmente, negando que existan diligencias que acrediten el ilícito.
Facturas ideológicamente falsas y «errores administrativos»
Otro punto crítico de la investigación involucra a la Imprenta MMG. La fiscalía ha detectado facturas por aproximadamente $10 millones que presentarían fechas adulteradas y cobros indebidos presentados para su pago ante el Congreso Nacional.
Ante esto, la defensa insiste en que se trata de «errores administrativos» propios del funcionamiento de una oficina parlamentaria, descartando cualquier dolo o intencionalidad de defraudar al Estado. Sin embargo, desde la Unidad Anticorrupción de la Fiscalía Nacional, el director Eugenio Campos ha sido tajante: «Los hechos son de suma gravedad, estamos hablando de alta corrupción».
El impacto del fallo de la Corte Suprema
A pesar de que el caso avanza, el fallo de la Corte Suprema impuso un límite relevante a la fiscalía al excluir los delitos tributarios del ámbito penal. Esto obliga al Ministerio Público a concentrar su acusación exclusivamente en delitos contra la administración pública:
- Fraude al fisco.
- Tráfico de influencias.
- Uso malicioso de instrumento privado.
Mauricio Fernández, exdirector de la Unidad de Delitos Económicos, advirtió que esta exclusión limita las posibilidades investigativas de la fiscalía, aunque el Servicio de Impuestos Internos (SII) aún podría actuar por la vía administrativa. Por su parte, el abogado querellante José Pedro Silva, representante del municipio de Maipú, aseguró que la causa no se debilita, ya que el foco siempre ha estado en la corrupción pública.
Con la formalización en marcha, el país observa el desenlace de un caso que pone a prueba la probidad en el uso de las asignaciones parlamentarias y la transparencia en el financiamiento de la política.
