El ministro Jorge Quiroz confirmó el inicio de un trabajo legislativo propio para combatir la economía ilícita y la competencia desleal. La iniciativa surge tras el impacto de la «Operación Tokyo» y el fraude del Tren de Aragua, pero bajo una condición intransigente: el levantamiento del secreto financiero dependerá exclusivamente del Poder Judicial y nunca de una vía administrativa.
En medio de un complejo escenario político y de seguridad, el debate sobre el control de las rutas del dinero de las organizaciones criminales dio un vuelco inesperado en el Congreso Nacional. Tras participar en las comisiones de Hacienda y de Salud en la Cámara Alta, el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, sorprendió al anunciar de manera oficial que el Ejecutivo se encuentra preparando un proyecto de ley relacionado con el secreto bancario.
La noticia causó inmediata repercusión en las bancadas legislativas, puesto que la flexibilización de este instrumento financiero ha sido uno de los nudos críticos más complejos de destrabar entre el oficialismo y la oposición. Sin embargo, el jefe de las finanzas públicas marcó de inmediato una línea roja e intransigente respecto al diseño de la propuesta institucional: «En esta materia hemos sido enfáticos en que la investigación o apertura de cuentas debe depender siempre del Poder Judicial y no de una decisión administrativa», enfatizó de entrada la autoridad gubernamental.
El detonante: La «Operación Tokyo» y el lavado de US$80 millones
Este sorpresivo movimiento de la billetera del Estado se da en un contexto de extrema presión pública y judicial. La urgencia legislativa se reavivó con fuerza tras los últimos antecedentes de la denominada «Operación Tokyo», un masivo operativo que permitió desbaratar una sofisticada red de lavado de activos vinculada al Tren de Aragua, organización que habría movilizado alrededor de US$80 millones en Chile.
La investigación penal, liderada de forma minuciosa por el Equipo de Crimen Organizado y Homicidios (ECOH) del Ministerio Público, dejó al descubierto las vulnerabilidades del sistema bancario formal. De acuerdo con las pericias, José Carlos Pérez Asencio —un empleado de nacionalidad venezolana que operaba en el Banco Santander en Chile y que, de forma paralela, mantenía un cargo en el Banco de Venezuela desde el año 2012— aprovechó ambas posiciones estratégicas para abrir de forma fraudulenta cuentas en Banco Falabella y Scotiabank. Mediante este mecanismo, la red criminal logró introducir de manera exitosa en el circuito financiero nacional dinero proveniente de extorsiones ejecutadas entre los años 2022 y 2025.
A raíz de este escándalo, diversos sectores políticos recalcaron que la persecución de estas mafias internacionales podría agilizarse mediante el levantamiento del secreto bancario, una medida que fue fuertemente impulsada por la administración anterior y respaldada durante la pasada campaña presidencial por la entonces candidata oficialista, Jeannette Jara, y cuya tramitación se encuentra hoy en una etapa clave de definiciones en el Senado.
«Formas inteligentes» de combatir la economía ilícita
El ministro Jorge Quiroz justificó la intromisión de su cartera en esta materia penal, apuntando a los graves efectos macroeconómicos que generan las bandas delictivas en el comercio y el mercado legal. «Este tema nos interesa especialmente en Hacienda porque estamos combatiendo el daño que le hace a la economía la actividad ilícita, la competencia desleal que genera y, además, queremos colaborar desde el lado de la economía en esta tarea», adelantó el secretario de Estado.
Respecto a la fórmula legislativa que se utilizará para ingresar la reforma a las cámaras, Quiroz reveló que el equipo técnico ministerial se encuentra barajando dos caminos estratégicos:
- Proyecto desde cero: Evalúan la opción de redactar e ingresar una propuesta de ley completamente independiente y aislada.
- Aprovechar la coyuntura: Introducir modificaciones o indicaciones directamente en las iniciativas que ya se encuentran en trámite legislativo en el Congreso.
Cabe recordar que, precisamente ayer, las bancadas de oposición hicieron un llamado formal a los senadores para reincorporar el levantamiento del secreto financiero en el proyecto de ley del Subsistema de Inteligencia Económica, una moción ingresada originalmente en el año 2023 pero que enfrentó duras críticas del mundo privado por los impactos de una posible flexibilización de datos personales.
Finalmente, el líder de Hacienda puso paños fríos a las alertas de resguardo de datos, asegurando que la propuesta final está siendo conversada de manera coordinada con los demás ministerios políticos, pero manteniendo de forma inquebrantable el principio del debido proceso. «El Ministerio de Hacienda toma este tema muy en serio y pensamos que hay formas inteligentes de mejorar nuestra legislación. Pero mantendremos siempre la línea de respetar el principio de que dependa de la corte y del Poder Judicial. Siempre con una orden judicial», sentenció Quiroz de forma tajante.
