A través de un requerimiento formal dirigido al ministro Jorge Quiroz, la asociación AGEA A.G. denunció la cancelación unilateral de productos financieros a las PYMES del recinto franco. El sector advirtió que la desbancarización y la salida total de las sucursales bancarias del barrio industrial ponen en riesgo la continuidad operacional, los empleos regionales y la seguridad de los comerciantes al trasladar divisas en efectivo.
La incertidumbre comercial escaló a niveles críticos en el corazón comercial del norte de Chile. La Asociación Gremial de Empresarios del Barrio Industrial Automotriz de Zona Franca de Iquique (AGEA A.G.) —encabezada por su presidente Alamgir Butt y la directora general Veronika Osorio— ingresó una misiva de auxilio dirigida al Ministro de Hacienda, Jorge Quiroz Castro, acusando un bloqueo financiero sistemático contra las empresas locales.
El gremio denunció que diversas entidades bancarias como Banco Santander, Itaú, BCI y Banco de Chile están aplicando cierres abruptos y unilaterales de cuentas corrientes y servicios internacionales a comerciantes formalmente establecidos. Lo peor del escenario es que no se trata de liquidaciones por falta de documentos o deudas pendientes: las instituciones están notificando por correo electrónico la caducidad de los contratos argumentando únicamente un presunto «criterio general de riesgo» por pertenecer al sistema franco.
«En los últimos meses Banco Itaú cerró cerca de 1.200 cuentas de usuarios, y en el rubro automotriz ya sumamos más de cien cierres por parte de BCI. Sin bancos no podemos hacer negocios ni movernos, porque toda la mercadería la importamos desde China, Japón o Estados Unidos y la exportamos a Perú, Bolivia y Paraguay», alertó Alamgir Butt, presidente de AGEA A.G., enfatizando que se corre el riesgo directo de perder unos 14 mil empleos en el sector.
Un «castigo» infundado que frena el comercio exterior
Para las pequeñas y medianas empresas dedicadas al comercio internacional, disponer de una cuenta bancaria no es un lujo ni un servicio accesorio; es la herramienta vital con la que pagan a proveedores extranjeros, liquidan obligaciones tributarias y cancelan las remuneraciones de sus trabajadores. Al quedar «desbancarizados», los usuarios enfrentan topes imposibles de manejar, como restricciones arbitarias para recibir giros internacionales o límites diarios de depósito que impiden el flujo normal de las ventas.
Desde AGEA A.G. remarcaron que el sector no pide excepciones a la ley ni privilegios tributarios. Los propios importadores reconocen y respaldan la aplicación estricta de la Ley Nº 19.913 en materia de prevención de lavado de activos y los controles fijados por la Unidad de Análisis Financiero (UAF). Sin embargo, fustigan que la banca privada califique de entrada a todo el Barrio Industrial como una zona de alto riesgo sin revisar la trazabilidad ni los respaldos aduaneros de cada empresa.
«No tenemos nada que esconder ni nos negamos a los controles. Si la UAF o las autoridades necesitan más antecedentes, estamos totalmente dispuestos a entregarlos. Lo que no se entiende es que se use la calidad de usuario de ZOFRI como una excusa para matarnos financieramente», recriminó el dirigente gremial.
ZOFRI sin bancos: un «desierto» financiero que alimenta los asaltos
A la desbancarización paulatina se le suma otro dolor de cabeza operativo que bordea el colapso: la huída física de la banca privada del recinto de ZOFRI. Sucursales históricas de entidades como Banco Santander, Itaú y BCI ya bajaron la cortina en el barrio industrial. Para rematar la crisis, Scotiabank —el último banco con atención presencial en el sector— anunció el cese definitivo de sus operaciones en caja para fines de este mes.
Esta estampida dejó al polo comercial más relevante del norte del país sin un solo cajero ni receptor de efectivo. Para concretar cualquier trámite cotidiano o depositar la recaudación del día, los empresarios, trabajadores y compradores deben cruzar la ciudad, estacionar en las inmediaciones de la Plaza Prat en el centro de Iquique y caminar cargando elevadas sumas de dinero hacia las sucursales del casco histórico.
Esta desprotección ya dejó secuelas graves: hace solo 15 días un usuario del sector fue víctima de un violento robo a mano armada mientras trasladaba divisas en efectivo hacia el centro urbano.
El llamado urgente a La Moneda: seis exigencias para evitar la quiebra regional
Ante la falta de respuesta de los organismos ejecutivos tras las cartas enviadas al Gobierno, AGEA A.G. solicitó formalmente al Ministerio de Hacienda la pronta articulación de medidas interinstitucionales en conjunto con la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), la UAF, el Servicio Nacional de Aduanas, la administración de ZOFRI S.A. y los parlamentarios de la Región de Tarapacá.
Puntualmente, el gremio automotriz elevó seis peticiones clave al Ejecutivo:
- Revisión inmediata de los cierres: Analizar y frenar la liquidación masiva e injustificada de productos bancarios a las PYMES de la Zona Franca.
- Criterios normativos claros: Evaluar si las instituciones financieras están incurriendo en discriminación o exclusión financiera arbitraria basándose únicamente en la ubicación geográfica de los comercios.
- Levantamiento de catastros: Solicitar antecedentes a la CMF para dimensionar el alcance real del fenómeno y la cantidad exacta de empresas afectadas en Tarapacá.
- Mesa de trabajo integral: Garantizar que la fiscalización de la UAF y Aduanas sea compatible con el dinamismo del comercio exterior sin asfixiar la liquidez de los importadores.
- Evaluación del impacto operacional: Mitigar los riesgos de seguridad y los costos logísticos derivados del cierre de sucursales físicas dentro del recinto franco.
- Mesa interinstitucional permanente: Convocar a las autoridades, a la banca privada y a los gremios para acordar protocolos de cumplimiento normativo que den certeza jurídica a las inversiones.
«Proteger la integridad del sistema financiero y proteger el desarrollo económico de una región extrema no son objetivos contrapuestos. Se requiere fiscalización y trazabilidad, pero también proporcionalidad y condiciones para trabajar», enfatizó la directiva en su misiva al Gobierno.
