GOBIERNO PERUANO PRORROGA ESTADO DE EMERGENCIA EN LIMA Y EL CALLAO POR 60 DÍAS ADICIONALES
La medida, oficializada este 29 de abril bajo la administración del Presidente José María Balcázar, busca frenar el avance del sicariato y la extorsión. Las Fuerzas Armadas mantendrán el apoyo a la Policía en una estrategia basada en mapas de calor y labores de inteligencia para recuperar el control territorial.
En una respuesta directa a la persistente crisis de inseguridad que golpea el corazón del país, el Ejecutivo ha dispuesto la ampliación del estado de emergencia en Lima Metropolitana y la Provincia Constitucional del Callao. La medida, que entró en vigencia hoy, extiende por 60 días calendario las facultades especiales de las fuerzas del orden para combatir delitos de alto impacto como el sicariato, la extorsión y el accionar de bandas criminales organizadas.
La prórroga quedó oficializada mediante el Decreto Supremo Nº 062-2026-PCM, sustentado en informes técnicos de la Comandancia General de la Policía Nacional del Perú (PNP), los cuales advierten una grave perturbación del orden interno que requiere la continuidad de medidas de excepción.
Control conjunto y estrategia de inteligencia
Bajo este nuevo periodo de emergencia, la Policía Nacional mantiene el control del orden interno, pero operará con el respaldo táctico de las Fuerzas Armadas (FF. AA.). A diferencia de intervenciones anteriores, el decreto estipula que las zonas de despliegue conjunto no serán aleatorias, sino que se definirán estrictamente mediante labores de inteligencia, indicadores estadísticos y mapas del delito para golpear los focos donde la criminalidad es más activa.
El dispositivo legal lleva la rúbrica del Presidente de la República, José María Balcázar Zelada, junto a los titulares de la Presidencia del Consejo de Ministros y las carteras de Defensa, Interior, Economía, Justicia y Transportes, reflejando un enfoque multisectorial ante la problemática.
Restricciones a los derechos constitucionales
Al mantenerse el estado de excepción, el decreto ratifica la suspensión de derechos fundamentales clave para facilitar la labor de persecución delictiva. Por los próximos dos meses, en Lima y Callao regirán las siguientes restricciones:
- Inviolabilidad de domicilio: Las fuerzas del orden podrán ingresar a predios sospechosos sin necesidad de orden judicial previa.
- Libertad de tránsito y reunión: Se mantienen limitaciones para desplazamientos y concentraciones en la vía pública.
- Libertad y seguridad personales: Facultad para realizar detenciones preventivas en el marco de investigaciones por flagrancia o crimen organizado.
Reglas para eventos y reuniones sociales
La normativa establece una diferenciación clara para las actividades ciudadanas. Para eventos masivos —sean religiosos, culturales, deportivos o no deportivos—, los organizadores tienen la obligación de solicitar un permiso ante las autoridades para una evaluación técnica de seguridad.
Sin embargo, en un intento por no paralizar la vida cotidiana de los limeños y chalacos, el Gobierno precisó que las reuniones que no tengan carácter masivo podrán realizarse con normalidad, sin requerir trámites previos, siempre que no alteren el orden público.
El desafío de la efectividad
Esta prórroga ocurre en un contexto de alta presión social por resultados tangibles. Con la vigencia de este decreto hasta finales de junio, el mandato presidencial es claro: generar un «reordenamiento de la seguridad pública» que logre desarticular a las bandas que mantienen en zozobra a la capital. El éxito de estos 60 días dependerá, según expertos, de que el apoyo militar no sea meramente disuasivo, sino que logre desmantelar las estructuras logísticas de la extorsión que asfixian el comercio y la tranquilidad de los vecinos.
