El Presidente José Antonio Kast presentó en La Moneda un plan de choque con cuatro pilares para reactivar la economía en el corto plazo. La estrategia inyecta $91 mil millones en subsidios a la contratación, accelera obras públicas en más de 250 comunas y busca rescatar la liquidez de las pymes mediante garantías de FOGAPE.
El escenario laboral de Chile arrastra una grieta profunda que el Ejecutivo busca cerrar antes de que termine el año. Con una tasa de desempleo que escaló al 9,5% y que suma 43 meses consecutivos superando la barrera del 8%, casi un millón de personas buscan una oportunidad de trabajo sin encontrarla en el mercado. Esa cifra implica un incremento de 200 mil desocupados en comparación con los registros de fines de 2022.
El Presidente José Antonio Kast encabezó en el Patio de Los Cañones el despliegue de la Agenda Pro Empleo junto a su gabinete, dirigentes gremiales y representantes de trabajadores.
Desde el Gobierno remarcaron que el plan apunta directamente a dinamizar el cuarto trimestre de 2026 y pavimentar el camino para 2027. La meta central es movilizar $1,3 billones en inversión, obras públicas de rápida ejecución y subsidios directos para generar más de 100 mil nuevos puestos de trabajo.
Cuatro ejes para mover la economía desde las regiones
La estrategia oficial no se queda en el anuncio centralizado y divide la acción en cuatro pilares de ejecución simultánea. El primero accelera la inversión pública mediante obras de infraestructura, vivienda y reconstrucción comunal. El segundo pilar inyecta $91 mil millones adicionales entre 2026 y 2027 para ampliar los subsidios a la contratación, enfocándose territorialmente a través de los cupos de Modo Empleo.
El tercer pilar busca devolverle oxígeno a las empresas liberando capital de trabajo y reforzando las garantías de FOGAPE.
El cuarto eje consolida una política nacional de seguimiento territorial. Las autoridades seleccionarán los proyectos considerando el nivel de desempleo local, el daño en infraestructura y la velocidad real con la que las empresas contratistas puedan reclutar personal en la zona.
MOP, MINVU y Subdere aceleran la máquina en el último cuatrimestre
Para que los recursos se sientan en el bolsillo de las familias antes de fin de año, La Moneda exigió a las carteras de Obras Públicas y Vivienda ejecutar el 100% de sus presupuestos vigentes entre septiembre y diciembre. En el caso del MOP, esto significa desembolsar $1,4 billones en lo que resta del año para completar su techo anual de $3,1 billones. Por su parte, el Minvu deberá mover $290 mil millones en el mismo periodo.
A esta aceleración presupuestaria se suma una inyección fiscal fresca de $800 mil millones para nuevas obras.
De ese monto adicional, $155 mil millones se gastarán este último trimestre en reconstrucción para el norte y proyectos comunales. Los restantes $635 mil millones quedarán comprometidos para nutrir las carteras de infraestructura durante todo 2027.
Despliegue en 251 comunas y alivio financiero a proveedores de la salud
La cobertura del plan llegará a más de 251 comunas en las 16 regiones del país. La Subdere liderará 939 iniciativas territoriales bajo los programas PMU y PMB, mientras que el MOP desplegará 265 contratos en obras viables, aeropuertos, servicios sanitarios rurales y obras portuarias en 129 municipios. El Minvu sumará la intervención de parques urbanos, pavimentos participativos y obras de contención tras los incendios en Biobío.
El plan también enfrenta la crisis de liquidez en el sector privado adelantando pagos a proveedores del Estado.
El Gobierno destinará $130 mil millones para saldar deudas pendientes con proveedores del Ministerio de Salud. Adicionalmente, el Ejecutivo inyectará $300 mil millones a las capitalizaciones de FOGAPE. Con una capacidad de apalancamiento de hasta 13,5 veces, esta medida permitirá movilizar hasta $4,05 billones en garantías estatales para que las pequeñas y medianas empresas accedan a créditos con el sistema financiero.
Proyectos aprobados como respaldo para la reactivación de 2027
Más allá del plan de choque inmediato, el Ejecutivo confía en que la inversión privada apalanque la recuperación de mediano plazo. Desde el 11 de marzo a la fecha, un total de 179 proyectos de inversión han recibido su Resolución de Calificación Ambiental (RCA) favorable, sumando un monto acumulado de US$ 35.824 millones.
La concreción de estos permisos ambientales permitirá materializar faenas privadas que absorberán mano de obra en distintas regiones.
Con esta combinación de obra pública acelerada, salvavidas para pymes y certeza jurídica para grandes capitales, el Palacio de La Moneda busca torcerle la mano a la tendencia del empleo y devolver el dinamismo a la economía nacional.
