La Fiscalía Regional de Atacama finalmente resolvió formalizar a Luis Castillo, uno de los 12 «presos del estallido» indultados por el Presidente Gabriel Boric, por el secuestro de un hombre ocurrido la noche del miércoles en Copiapó.
Además de los delitos de secuestro extorsivo y robo con violencia con retención de persona, se le acusó de conducir bajo los efectos del alcohol y drogas.
El autodenominado «insurrecto» fue detenido junto a tres mujeres en una estación de servicio, las que también fueron acusadas del secuestro y robo con violencia con retención de persona.
De acuerdo a la versión de la víctima, los imputados lo intimidaron con un arma blanca, forzándolo a ingresar al maletero del vehículo en que se desplazaban, manteniéndolo cautivo durante toda la noche.
No obstante, durante la misma mañana, uno de los involucrados le entregó un teléfono celular, momento que aprovechó para enviar una ubicación a su pareja, la que alertó a Carabineros quienes montaron el operativo donde finalmente detuvieron a Castillo, junto a otra mujer adulta, y otras tres menores de edad.
Cabe destacar que la familia de Castillo y los mismos imputados argumentan de que todo esto se trató de una juerga que se salió de control.
Gobierno presenta querella contra indultado
La acción judicial del Ejecutivo fue presentada por el abogado Francisco Castro y considera la denuncia de la víctima al momento de ser libertado por Carabineros.
En específico, el Ejecutivo acusa a Castillo y a sus acompañantes -en calidad de autores, cómplices o encubridores- por delito de secuestro previsto y sancionado en el artículo 141 del Código Penal.
Asimismo, la querella apunta a una mujer de 18 años identificada como Camila Morales Campillay, a otras tres menores de edad y a “todos quienes resulten responsables”.
