Un complejo escenario judicial enfrenta la familia de Luis Alberto Pino Soto, adolescente ariqueño desaparecido en 1986. Pese a que recientemente se logró el reconocimiento oficial como víctima de la dictadura tras años de gestiones, el Instituto de Previsión Social (IPS) decidió denegar los beneficios previsionales y reparatorios correspondientes. Ante esto, la defensa presentó un recurso de protección acusando un actuar ilegal y arbitrario por parte del organismo estatal.
Según una publicación de El Mostrador, el joven Luis Pino, alumno de 3° medio, fue visto por última vez el 1 de julio de 1986 cuando caminaba desde su hogar en la Población Santa Rosa hacia la casa de un compañero para pedir un cuaderno. Durante décadas, un error de digitación en el Informe Rettig —donde su apellido fue registrado erróneamente como “Pinto”— lo mantuvo fuera de la nómina oficial, situación que fue corregida apenas en enero de este año por el 19° Juzgado Civil de Santiago.
NEGATIVA DEL IPS Y REVICTIMIZACIÓN
Tras la sentencia que acreditó la verdad histórica y judicial, la Subsecretaría de Derechos Humanos notificó al IPS para tramitar la pensión de la madre de la víctima, María del Tránsito Soto Delgado. Sin embargo, la institución rechazó la solicitud argumentando que el fallo judicial es “meramente declarativa” y que no existe una orden expresa de pago, pese a que la ley establece que estos beneficios operan al certificarse la calidad de víctima.
Ante ello, Francisco Bustos, abogado de la familia, manifestó que “luego de 40 años la familia logró que un ministro en visita revisara los antecedentes y constatara el error. Luego, el Plan de Búsqueda actuó correctamente y logró el reconocimiento judicial, pero ahora viene otra vulneración más por parte del Estado. Esta es una respuesta de verdad escandalosa, porque le dicen a la madre que no tendría derecho a la reparación”.
ACCIONES PARA RESTABLECER EL DERECHO
El recurso judicial interpuesto busca que la Corte ordene al IPS la incorporación inmediata de la madre como beneficiaria de la pensión vitalicia en un plazo de tres días, además del pago retroactivo y reajustado de todas las mensualidades adeudadas desde el año 1992. La defensa sostiene que esta negativa administrativa solo profundiza el daño a la integridad psíquica de una familia a la cual el Estado le ha fallado por décadas.
Finalmente, los representantes legales solicitaron informes al Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) y a la ONU para que se pronuncien sobre los estándares internacionales de reparación aplicables al caso. En Arica, la situación de Luis Pino Soto sigue siendo un símbolo de la lucha por la justicia y la exigencia de que las instituciones públicas no interpongan trabas al reconocimiento de los derechos fundamentales en la región.
