Un intenso operativo de fiscalización conjunta se desplegó en la Provincia del Tamarugal con el objetivo de resguardar el cumplimiento normativo y combatir eventuales delitos de alta complejidad. Las acciones en terreno fueron lideradas por la Fiscalía del Tamarugal en un trabajo colaborativo con la Brigada Investigadora de Trata de Personas (BITRAP) de la PDI, apoyados de manera estratégica por el Departamento de Migraciones y Policía Internacional, junto a personal de la Dirección del Trabajo.
La masiva intervención se focalizó en las instalaciones de una empresa dedicada en exclusividad al mantenimiento industrial minero en Pozo Almonte. El propósito central de la comitiva interagencial apuntó a la verificación exhaustiva de irregularidades laborales y la búsqueda de indicios que permitan confirmar o descartar de plano posibles nexos con el grave delito de trata de personas con fines de explotación laboral.
FISCALIZACIÓN EN TERRENO PERMITIÓ REVISIÓN DE DOCUMENTOS Y ENTREVISTAS
Las autoridades e inspectores ejecutaron un control minucioso que abarcó a la plana administrativa y operativa del recinto. La fiscal de la Fiscalía del Tamarugal, Karem Gómez, detalló las coordinaciones señalando que «el día de hoy nos encontramos en compañía de la Policía de Investigaciones, tanto por la Brigada de Trata a Personas como el Departamento de Migraciones, acompañando la Inspección del Trabajo en el desarrollo de una fiscalización colaborativa con las instituciones, con el objeto de poder verificar en esta empresa ubicada en Pozo al Monte, para verificar ciertos estándares de cumplimientos laborales y eventuales infracciones que podrían ser continguidos incluso de delitos de trata a personas. En ese contexto se están desarrollando entrevistas a los trabajadores, se han fiscalizado además a los representantes legales, se están revisando la documentación y nos encontramos desarrollando este trabajo colaborativo a fin de poder detectar eventuales delitos de trata o bien descartar la presencia de ellos».
De acuerdo a los balances entregados de forma posterior al término de las diligencias matutinas, el despliegue investigativo arrojó importantes antecedentes sobre la realidad contractual del personal civil. La subprefecta de la Brigada Investigadora de Trata de Personas Iquique, Eliana Ramos, confirmó los resultados informando que «durante la fiscalización se entrevistaron a más de 30 trabajadores, de los cuales se estableció que 26 de ellos correspondían a ciudadanos extranjeros que no cumplían con los requerimientos para poder ejercer labores remuneradas en nuestro país«.
En forma paralela a los peritajes de identidad y migratorios, los funcionarios dependientes de la Inspección del Trabajo efectuaron el levantamiento de actas respecto a las condiciones de higiene, seguridad y contratos. Los antecedentes recopilados quedaron a disposición del Ministerio Público para proseguir con las indagaciones penales y administrativas pertinentes en la zona interior de la región.
