Cayeron por asaltar a choferes repartidores y locales comerciales usando armas. La Fiscalía del Análisis Criminal desarticuló al grupo con pinchazos telefónicos y seguimientos, logrando penas efectivas incluso para los menores de edad involucrados.
Se terminó la carrera delictiva de una banda que tenía de «caseros» a los repartidores y comerciantes de la comuna de La Calera. El Sistema de Análisis Criminal (SAC) de la Fiscalía de Valparaíso le propinó un golpe durísimo a esta organización, logrando que el Tribunal Oral en Lo Penal de Quillota dictara penas que en total suman más de 23 años de presidio efectivo para tres de sus integrantes. Lo llamativo y relevante de este caso es que la justicia aplicó con fuerza la nueva Ley de Responsabilidad Penal Adolescente (RPA), enviando a los menores tras las rejas en régimen cerrado.
La investigación sacó a la luz cómo operaba este grupo criminal entre septiembre y diciembre de 2024. Se dedicaban exclusivamente a interceptar a choferes y peonetas de camiones repartidores de mercadería, intimidándolos con armas para quitarles todo, una modalidad que también replicaban en distintos negocios establecidos de la comuna calerana.
Para desarmar el rompecabezas, la Fiscalía trabajó codo a codo con la Brigada de Investigación Criminal de la PDI, usando interceptaciones telefónicas, análisis de tráfico de antenas, georreferenciación, vigilancias y seguimientos en terreno. Las escuchas y el monitoreo permitieron allanar sus escondites, donde los detectives incautaron droga, plantas de cannabis, municiones y un arma adaptada para disparar.
El desglose de las penas y una curiosa «ficción legal»
Llevar este caso a juicio no fue simple, porque la banda combinaba integrantes adultos con adolescentes. La fiscal del caso, Lidia Aspee, detalló el castigo que recibió cada uno. El menor de iniciales M.M.R.C. fue condenado a 4 años de internación en régimen cerrado tras comprobarse su participación directa en cinco delitos de robo con intimidación y el delito de asociación criminal.
El segundo implicado, Joaquín Ignacio Bravo González, enfrentó un escenario judicial complejo. Al momento de los robos era menor de edad, pero cayó detenido siendo un adulto y con las manos sucias en otros delitos. El tribunal lo condenó a 7 años y un día por tráfico de drogas, más 541 días por tenencia ilegal de municiones. Además, se acreditó que participó en cinco robos y en la asociación criminal. Sin embargo, la fiscal Aspee explicó que aquí operó una figura técnica: «Por una ficción legal de la Ley RPA, todos los delitos que cometió como menor quedaron absorbidos por los que cometió con mayoría de edad».
Por su parte, el único que era adulto maduro desde el primer día de las andanzas de la banda, Bastián Ignacio Saavedra Salazar, recibió la pena más alta: fue condenado a 12 años de presidio mayor por tres robos con intimidación y sumó otros 3 años y un día tras las rejas como autor del delito de asociación criminal.
Un precedente clave para pillar a las nuevas mafias
Para el Ministerio Público, el resultado de este juicio es un tremendo triunfo para el norte del sector central, especialmente porque la defensa intentó botar la causa llevando un recurso de nulidad a la Corte de Apelaciones de Valparaíso, el cual terminó siendo rechazado por completo, ratificando las penas.
«La sentencia resulta relevante porque se obtuvo una condena por asociación criminal, un delito relativamente nuevo en nuestro ordenamiento y donde los tribunales suelen ser bastante exigentes», comentó la fiscal Aspee. La persecutora destacó que la prueba fue fundamentalmente indiciaria (tecnológica y de seguimiento) y que los jueces la valoraron positivamente por sobre la prueba directa.
Con la banda desarticulada y durmiendo en prisión, los repartidores de La Calera pueden volver a circular con un poco más de tranquilidad por las calles de la comuna.
