DEPARTAMENTO DE JUSTICIA DE EE.UU. ACUSA A OCHO VENEZOLANOS DEL TREN DE ARAGUA POR ASESINATOS Y SECUESTROS EN TEXAS E ILLINOIS
Los procesados, quienes arriesgan cadena perpetua e incluso la pena de muerte, son vinculados a brutales crímenes cometidos bajo el ala de la megabanda transnacional. En paralelo, la masiva arremetida judicial —que ya suma más de 300 imputados en la era Trump— enciende las alertas de organismos internacionales por presuntas detenciones arbitrarias.
El Departamento de Justicia de los Estados Unidos propinó este jueves un duro golpe judicial contra las ramificaciones norteamericanas del crimen organizado transnacional. Las autoridades federales acusaron formalmente a ocho migrantes de nacionalidad venezolana de pertenecer activamente a la megabanda Tren de Aragua, imputándoles participación directa en crímenes de alta connotación pública, incluyendo asesinatos y secuestros en los estados de Texas e Illinois.
De acuerdo con el desglose del procesamiento judicial, cinco de los sujetos fueron imputados en el Distrito Norte de Texas bajo los cargos de conspiración de crimen organizado, secuestro y homicidio. En paralelo, los otros tres integrantes de la célula criminal enfrentan cargos en la ciudad de Chicago por el secuestro y posterior asesinato a tiros de un hombre, en un violento hecho registrado en mayo pasado.
El Gobierno estadounidense ratificó que la totalidad de los acusados corresponde a ciudadanos venezolanos que ingresaron de forma irregular a territorio estadounidense en un bloque temporal que va desde diciembre de 2021 hasta abril de 2024. Debido a la gravedad de los delitos federales imputados, de ser declarados culpables, los sujetos arriesgan penas de cadena perpetua, e incluso cinco de ellos califican para la pena de muerte.
Un expediente hermético y el fantasma de la coacción
Pese al impacto de la noticia, el libelo acusatorio presentado en el estado de Texas se ha caracterizado por un profundo hermetismo, ofreciendo pocos detalles sobre la dinámica de los hechos concretos y sin exponer abiertamente las pruebas de inteligencia en las que se sustentan los cargos. El documento sostiene que la banda secuestró a tres personas el 24 de agosto de 2024, determinando que los imputados Héctor García Zúñiga, Carlos Zambrano Bolívar y Jhonny Martínez Serrano participaron en el asesinato de una de las víctimas, cuyas identidades se mantienen bajo estricto anonimato.
Uno de los nombres genera particular atención en los registros judiciales. Zambrano Bolívar ya había enfrentado en febrero de este año un juicio estatal por asesinato capital ligado a estos mismos acontecimientos; sin embargo, el magistrado del caso debió declarar la nulidad absoluta del proceso luego de que el jurado no lograra alcanzar un veredicto unánime.
En aquella oportunidad, el abogado defensor del migrante, Sean Daredia, afirmó a la cadena local NBC 5 Dallas-Fort Worth que su representado era inocente del esquema criminal. El jurista argumentó que el imputado había sido víctima de trata con fines de explotación sexual por parte del propio Tren de Aragua —facción delictiva nacida en las cárceles de Venezuela— y que había actuado bajo una severa coacción y temor a represalias de muerte en contra de su integridad y la de su núcleo familiar.
La doctrina migratoria de Trump y las denuncias de DD.HH.
La ofensiva judicial se enmarca en un cambio drástico de las políticas de seguridad en la Casa Blanca tras el retorno al poder de Donald Trump en enero de 2025. Desde dicha fecha, el Departamento de Justicia ha desatado una cacería legal que ya acumula cargos federales contra más de 300 presuntos miembros o colaboradores de la organización criminal venezolana.
No obstante, este despliegue ha levantado severas críticas por parte de organizaciones globales de derechos humanos. Entidades de la talla de Human Rights Watch (HRW) y Amnistía Internacional han denunciado que la administración de Trump utiliza la marca del ‘Tren de Aragua’ para justificar su restrictiva política migratoria, acusando a las agencias policiales de identificar y detener a ciudadanos venezolanos como supuestos pandilleros sin presentar pruebas suficientes ni demostrar antecedentes penales comprobables, lo que constituiría una política sistemática de detenciones arbitrarias.
El debate escaló a niveles de crisis diplomática a comienzos de este año, tras registrarse dos de los episodios más controvertidos del último tiempo: el envío por parte de Washington de cientos de migrantes venezolanos a una cárcel de máxima seguridad en El Salvador, y el traslado de otros contingentes a la polémica base naval de Guantánamo. Los informes de las ONG detallaron que la gran mayoría de estos trasladados carecía de vínculos con las mafias y que fueron catalogados como criminales basándose únicamente en sus tatuajes corporales.
Mientras el Gobierno estadounidense continúa catalogando la presencia del Tren de Aragua como una supuesta «invasión» coordinada y alentada políticamente por el Palacio de Miraflores en Caracas —una tesis que incluso genera discrepancias con los informes internos de la propia inteligencia norteamericana—, los tribunales federales de Texas e Illinois se preparan para dar inicio a uno de los juicios criminales más complejos y simbólicos de la era republicana.
