El Informe Final 541-2025 de la CGR desnudó graves fallas de control e irregularidades en el Programa de Reunificación Familiar para menores provenientes de Haití en vuelos chárter. El ente fiscalizador detectó permisos otorgados con documentos vencidos, rebaja ilegal de requisitos y falta de fiscalización a aerolíneas, remitiendo los antecedentes al Ministerio Público por filtración de datos sensibles.
Una verdadera bomba institucional estalló en los organismos encargados de la gestión fronteriza y la protección de la infancia en Chile. La Contraloría General de la República (CGR) emitió este miércoles su Informe Final 541-2025, el cual concluyó la existencia de un «desorden mayor» y un bajo nivel de coordinación institucional en la ejecución del Programa de Reunificación Familiar.
La auditoría de la CGR tuvo como foco central investigar diversas denuncias sobre el ingreso al territorio nacional de niños, niñas y adolescentes (NNA) provenientes de Haití a través de vuelos chárter, con el fin de rastrear posibles y severas vulneraciones a sus derechos fundamentales. Las conclusiones del órgano de control interno no solo confirmaron las alertas, sino que dejaron al descubierto una vulnerabilidad crítica en la seguridad de las fronteras y en el resguardo de menores de edad.
Permisos sin papeles y un memorándum ilegal para bajar requisitos
El documento de la Contraloría identificó múltiples y sistemáticos incumplimientos a la normativa vigente en el otorgamiento de permisos de reunificación familiar. Entre las anomalías más graves detectadas por los fiscalizadores se encuentra la validación de certificados vencidos o derechamente no legalizados, además de carpetas que acusaban una total ausencia de documentos obligatorios para visar el ingreso de extranjeros.
El hallazgo más polémico del informe apunta a la emisión de un memorándum interno que, sin contar con las atribuciones legales para ello, disminuyó los requisitos y condiciones aplicables al procedimiento, rebajando la exigencia de los documentos que la ley y el reglamento de migraciones fijan como indispensables para franquear la entrada al país.
A esto se sumó un nulo control sobre los vuelos comerciales especiales: la CGR detectó que una aerolínea chárter no presentó el listado obligatorio de pasajeros exigido por la ley, sin que el Servicio Nacional de Migraciones (SERMIG) le aplicara oportunamente las sanciones y multas pecuniarias respectivas. Asimismo, se constató una ausencia de verificación suficiente sobre los adultos responsables de los menores, conviviendo con registros erróneos, incompletos o duplicados que impiden asegurar quiénes están al cuidado de los niños en Chile.
Radiografía al fallo institucional: SERMIG, PDI y Niñez bajo la lupa
El examen técnico evidenció debilidades estructurales y falta de protocolos comunes entre los tres estamentos llamados a coordinar la migración ordenada:
- Servicio Nacional de Migraciones (SERMIG): Presenta fallas severas de control interno, destacando la falta de verificación de los datos autorreportados por los mismos solicitantes. Además, se descubrió la aprobación de permisos sin contar oportunamente con el Informe Policial de la PDI y la inexistencia de protocolos críticos, como saber qué hacer ante el fallecimiento del vínculo familiar que solicita la reunificación.
- Policía de Investigaciones (PDI): La policía civil no cuenta con manuales generales, formales y completos de control migratorio, operando únicamente mediante instructivos parciales. Los fiscalizadores hallaron groseros errores en la digitación de pasaportes, discrepancias de datos con el SERMIG y una evidente debilidad en la fiscalización de extranjeros en situación irregular en las calles.
- Subsecretaría de la Niñez: Se constató una falta de coordinación interinstitucional para el resguardo de los menores, traduciéndose en la ausencia de alertas conjuntas y en respuestas tardías ante situaciones de riesgo, lo que afectó directamente el seguimiento efectivo de los NNA para asegurar su protección social.
Acciones drásticas: Sumarios, examen de cuentas y el Ministerio Público
Fante el tenor de los hechos, la Contraloría ordenó de forma inmediata la instrucción de sumarios administrativos en el SERMIG, la PDI y la Subsecretaría de la Niñez para establecer las responsabilidades funcionarias correspondientes. De forma paralela, el organismo de control iniciará un examen de cuentas autónomo para perseguir la omisión de las multas que debieron cobrarse a la aerolínea infractora.
Finalmente, el dictamen de la CGR golpeó la mesa en materia penal, instruyendo un procedimiento disciplinario tras constatar la filtración del preinforme y el tratamiento indebido de información altamente sensible de los menores de edad, disponiendo el envío inmediato de todos los antecedentes al Ministerio Público para iniciar una persecución delictual contra quienes resulten responsables de poner en riesgo la privacidad de los niños afectados.
