La Primera Sala del tribunal de alzada tramitará la acción presentada por las villas Amanecer y Los Laureles. Sin embargo, no dio luz verde a la orden de no innovar, por lo que el desalojo sigue latente mientras las autoridades rinden cuentas en un plazo de ocho días.
La Corte de Apelaciones de Arica se metió de lleno en el conflicto habitacional y social de Cerro Chuño. En un fallo unánime, la Primera Sala del tribunal de alzada declaró admisible el recurso de protección presentado por un grupo de familias de las villas Amanecer y Los Laureles. Los pobladores recurrieron a la justicia para frenar el inminente desalojo que ordenó la autoridad regional, abriendo un nuevo capítulo judicial en esta conocida población de la ciudad.
El dictamen (bajo la causa rol 581-2026) lleva las firmas de los ministros Juana Ríos Meza, Rodrigo Urrutia Molina y Héctor Gutiérrez Massardo. Con este paso, los jueces acogieron a trámite la acción constitucional y le pidieron explicaciones formales a las tres instituciones detrás del operativo: la Delegación Presidencial Regional de Arica y Parinacota, el Servicio de Vivienda y Urbanización (Serviu) y Carabineros.
Sin freno de mano: el desalojo sigue en pie de momento
A pesar de que el tribunal aceptó estudiar el caso, los recurrentes no consiguieron todo lo que querían. La Corte rechazó la orden de no innovar (ONI) que buscaba congelar cualquier intento de desalojo mientras se discute el fondo del asunto. Esto significa que las autoridades no tienen una prohibición judicial inmediata para frenar los planes de desocupación en el sector, por lo que el ambiente de incertidumbre sigue instalado entre las familias.
La resolución abre ahora un plazo clave de ocho días. En este tiempo, el delegado presidencial Cristián Sayes, la directora regional del Serviu Gladys Acuña y el jefe de la XV Zona de Carabineros, general Álvaro Martínez, deberán evacuar informes detallados con todos los antecedentes del procedimiento.
Lo que viene en la pauta judicial
La batalla en tribunales recién comienza. Tras la entrega de estos informes por parte del Gobierno y la policía, la Corte de Arica fijará la vista de la causa para escuchar los alegatos de ambas partes antes de dictar una sentencia definitiva.
Para los vecinos de las villas Amanecer y Los Laureles, estos ocho días serán de máxima alerta. Buscan demostrar que el desalojo vulnera sus derechos fundamentales, mientras el Serviu y la Delegación defienden la medida apuntando a las complejas condiciones de habitabilidad y contaminación por polimetales que arrastra históricamente el suelo de Cerro Chuño.
