Pese a la millonaria inversión del proyecto, el debate estuvo marcado por duras críticas hacia la administración comunal. Las autoridades regionales condicionaron el éxito de las obras a que el municipio cumpla con su deber de mantención para evitar un nuevo deterioro.
Lo que debió ser una jornada de celebración por la millonaria inversión destinada a la conservación del borde costero Bellavista Sur, se transformó en uno de los juicios políticos más duros contra la Municipalidad de Iquique. El Consejo Regional (CORE) de Tarapacá, tras aprobar unánimemente $1.144.380.000, dejó en acta una serie de acusaciones que apuntan directamente a la gestión del alcalde y su equipo técnico por la falta de mantención de las obras públicas.
El costo de la «falta de servicio»
La discusión fue abierta por el presidente de la comisión, el consejero Jorge Muñoz, quien no ocultó su malestar al explicar por qué el Estado debe volver a invertir en un sector ya intervenido anteriormente. «El mantenimiento de este borde costero no está siendo efectuado por la Municipalidad de Iquique y nuevamente nosotros tenemos que volver a hacer una inversión no menor de 1.144 millones por la mala ejecución de sus obligaciones de parte del Municipio de Iquique», sentenció Muñoz.
En la misma línea, el consejero Luis Milla calificó la situación como una afrenta al patrimonio regional, señalando que los recursos destinados al desarrollo se están desviando para cubrir vacíos de gestión local. «Me parece totalmente inadecuado que como gobierno regional gastemos los recursos del desarrollo de la región en subsanar la negligencia inexcusable que ha tenido el municipio de Iquique respecto del mal cuidado del espacio público», fustigó Milla.
Emplazamiento a la Contraloría y acusación de Abandono de Deberes
La profundidad de la crisis llevó a los consejeros a solicitar medidas que trascienden lo político. El consejero Milla fue el más tajante al elevar el tono de la denuncia: «Acá estamos frente no solamente a una negligencia, estamos a una falta de servicio y un notable abandono de deberes por parte del alcalde que administra la municipalidad».
Ante la gravedad de los hechos, el cuerpo colegiado acordó una medida de fiscalización inmediata. Según quedó registrado en la moción leída por el Gobernador, «se solicitó que oficiáramos a la Contraloría General de la República para buscar las responsabilidades administrativas de quien está efectuando su labor en el municipio de Iquique».
Al respecto, Jorge Muñoz reafirmó que el objetivo es que el órgano contralor «instruya un sumario administrativo a la municipalidad de Iquique, por no hacer sus funciones que le corresponden y según lo que mandata la ley».
Contradicción financiera: Superávit vs. Abandono
Uno de los puntos que más indignación causó en el pleno fue la solvencia económica que ostenta el municipio frente al estado de deterioro de la ciudad. El consejero Muñoz reveló una cifra clave de la última gestión financiera municipal: «La Municipalidad de Iquique, en la cuenta pública del año pasado, dijo que tenía superávit de dinero por 2.000 millones de pesos. O sea, es contraproducente que nosotros como gobierno regional hagamos inversión en la Municipalidad de Iquique, siendo que ellos tienen superávit».
Finalmente, el debate dejó una amarga comparación para la capital regional. «Siempre a Alto Hospicio se le alaba por su trabajo en comparación con el deficiente trabajo que hacen en Iquique», concluyó Luis Milla, cerrando una sesión que pone a la administración de Iquique bajo la lupa de la justicia administrativa y el juicio público.
