Una auditoría al organismo que agrupa a los municipios reveló deudas millonarias sin cobrar, viáticos en exceso por viajes al extranjero y una preocupante falta de transparencia administrativa.
Un duro golpe a la gestión institucional de la Asociación Chilena de Municipalidades (AChM) propinó la Contraloría General de la República. Tras una exhaustiva auditoría a los ingresos y gastos realizados entre enero y septiembre de 2024 —periodo liderado por la entonces presidenta Carolina Leitao—, el ente fiscalizador detectó debilidades estructurales que comprometen el patrimonio de la entidad.
El informe advierte una «ausencia de procedimientos formales y controles internos», lo que derivó en desorden contable y el uso cuestionable de recursos públicos. Uno de los hallazgos más alarmantes es la subvaloración de activos por más de $646 millones, debido a que la asociación no mantenía un registro real de sus ingresos devengados.
Viáticos al extranjero y falta de cobro
El organismo fiscalizador puso la lupa sobre giras internacionales a ciudades como Medellín y La Habana, donde se detectó el pago de viáticos en exceso y la participación de funcionarios que no ostentaban cargos de alcaldes ni concejales. Según Contraloría, estas situaciones “suponen una infracción a los principios de responsabilidad, eficiencia, eficacia y control”.
En cuanto a las arcas internas, se reveló un abandono en la cobranza: 71 municipios mantienen cuotas impagas por más de un año, sin que existieran registros claros de estas deudas. Ante esto, la AChM deberá “gestionar la recuperación de la totalidad de las cuotas ordinarias adeudadas entre los años 2013 y 2023”.
Plazo fatal para la restitución
La auditoría también constató que 16 asistentes a una asamblea nacional no pagaron su inscripción, generando una pérdida directa de $6,4 millones. Frente a estos y otros hallazgos, el Servicio Médico Legal (en su rol de entidad auditada en este contexto de cuentas públicas) o, en este caso, la AChM, tiene un plazo de 60 días hábiles para restituir los montos cuestionados e implementar controles que aseguren la integridad de sus registros.
Este escenario deja en evidencia una fragilidad administrativa que, según el informe, impide asegurar que los recursos de los municipios asociados estén siendo resguardados correctamente.
