
Con el respaldo de la Delegación Presidencial y la Seremía de Seguridad Pública, se validó el nuevo Diagnóstico Regional que guiará los planes de prevención y persecución penal del Gobierno del Presidente José Antonio Kast en la provincia de Iquique y el Tamarugal.
Con miras a coordinar una respuesta estatal contundente frente al alza de la criminalidad organizada y las incivilidades en el norte del país, el Consejo Regional de Seguridad Pública y Prevención del Delito de Tarapacá concretó una sesión clave en la que se definieron las prioridades estratégicas que orientarán el trabajo de las instituciones del Estado durante las próximas semanas.
Tras un riguroso proceso de análisis y votación técnica basado en los datos del Diagnóstico Regional de Seguridad Pública, los integrantes del cuerpo colegiado lograron unificar criterios para focalizar los recursos públicos en los nudos delictuales de mayor impacto en la zona. Las definiciones adoptadas responden de manera directa a la cruda incidencia de estas problemáticas en la percepción ciudadana y apuntan a robustecer con fuerza la capacidad de respuesta interinstitucional.
Los tres ejes delictuales y el fenómeno de las tomas de terreno
La planificación del Consejo identificó con precisión quirúrgica cuáles serán los delitos prioritarios que concentrarán las labores de las policías y la fiscalía en Tarapacá. En este sentido, los integrantes acordaron priorizar el robo con violencia e intimidación, el tráfico de sustancias ilícitas y la violencia intrafamiliar como las principales áreas críticas a abordar.
Sin embargo, el plan introduce por primera vez un enfoque diferenciado para combatir las realidades geográficas e informales de la región:
- Incivilidad urbana prioritaria: Se definió de manera unánime al comercio ilegal como la principal problemática a erradicar en los cascos urbanos e interurbanos de Iquique y Alto Hospicio.
- Fenómeno regional crítico: Se priorizó el combate frontal a los loteos brujos asociados directamente a las tomas de terreno, un negocio ilegal que ha precarizado la seguridad en el borde costero y las comunas de la provincia.
- Prioridad para el mundo rural: El consejo determinó que el combate al contrabando será el eje central del Plan de Acción Rural para proteger los pasos fronterizos y las localidades del Tamarugal.
El mandato presidencial para recuperar los barrios de Tarapacá
El despliegue operativo de esta estrategia se alinea de manera irrestricta con las políticas de seguridad instruidas desde el nivel central. Al respecto, la Delegada Presidencial Regional de Tarapacá, Adriana Tapia, destacó el compromiso técnico de todos los servicios públicos participantes.
“El Presidente de la República, José Antonio Kast, ha sido claro en señalar que uno de los principales desafíos del Gobierno es fortalecer la seguridad de las personas y recuperar espacios de tranquilidad para las familias. Este trabajo conjunto nos permite focalizar mejor los recursos, fortalecer la coordinación institucional y orientar las acciones hacia las problemáticas que más afectan a la ciudadanía”, aseveró la máxima autoridad regional.
En esa misma línea, el seremi de Seguridad Pública, Omar Salazar, relevó el impacto a largo plazo de esta sesión, catalogándola como un hito de planificación. “Hoy estamos avanzando en una planificación estratégica que nos permitirá focalizar recursos y acciones donde más se necesitan. Este consejo consolida un trabajo coordinado entre las instituciones para enfrentar de manera más eficaz las principales problemáticas, mejorar la calidad de vida de las personas y entregar mayor tranquilidad a las familias”, puntualizó.
A partir de estas resoluciones, las prioridades acordadas se transformarán automáticamente en la hoja de ruta oficial para la acción del Sistema Regional de Seguridad Pública, sirviendo de base matriz para la inmediata redacción del Plan Regional de Seguridad Pública y el Plan Regional de Prevención del Delito, asegurando una inyección de recursos focalizados en el combate a las bandas criminales que operan en Tarapacá.



