Un escándalo de proporciones mayores estalló tras revelarse los pormenores de un preinforme de la Contraloría General de la República que apunta a una organización criminal dedicada al tráfico de menores.
Las alarmas institucionales se encendieron al comprobarse que un total de 486 niños haitianos ingresaron al país bajo sospecha de falsificación de documentos, falta de control migratorio y la posible participación de funcionarios públicos.
La Fiscalía Nacional abrió una investigación penal de oficio debido a que actualmente más de 200 niños se encuentran desaparecidos, sin que el Estado tenga certeza de sus paraderos ni de sus condiciones de vida tras las fiscalizaciones en terreno.
El director de la Unidad de Anticorrupción de la Fiscalía Nacional, fiscal Eugenio Campos, aseveró de manera categórica sobre el volumen de las víctimas que «se trata de un periodo que al día de hoy solo abarcaría entre enero a abril del año 2025. Pareciera ser una práctica habitual con patrones habituales, ingresos de alto volumen de niños, niñas y adolescentes, un patrón común respecto de los cuales una escasez de base de datos».
El persecutor penal, Eugenio Campos, remató señalando que «que una persona pueda representar como adulto responsable a más de una treintena, eso llama poderosamente la atención. Estamos hablando de un grupo muy organizado».
ADULTOS LLEGARON CON HASTA 34 MENORES A SU CARGO
La fiscalización conjunta entre el ente de control y la Policía de Investigaciones determinó que apenas 12 adultos extranjeros y chilenos operaron como supuestos tutores legales del masivo contingente de infantes en vuelos chárter no regulados.
El caso más extremo detectado corresponde a un ciudadano haitiano que ingresó el 5 de abril de 2025 con 34 menores de edad y, apenas un mes después, ingresó nuevamente con otros dos niños.
El jefe de la Unidad de Anticorrupción del Ministerio Público precisó sobre las líneas de la indagatoria que «particularmente nos interesa poder indagar si hay vuelos sin listado de pasajeros, vuelos sin evidencia o validación, entre otros, de adultos acompañantes de aquellos menores, y la existencia o no de autorizaciones de viaje de menores de edad».
Así también el fiscal Campos, enfatizó los alcances de la persecución penal sosteniendo que «acá vamos a llegar aguas arriba adonde tengamos que llegar, y el Ministerio Público no tiene tapujo alguno respecto de las personas que puedan estar involucradas, sea cual sea el grado, la calidad de la persona, el Ministerio Público va a investigar y si hay responsabilidad penal llevarlo a tribunales de justicia como corresponde».
Las autoridades confirmaron que los sospechosos utilizaron la figura legal del programa de reunificación familiar para burlar las barreras migratorias.
El director de la Unidad de Anticorrupción complementó sobre el descontrol de las direcciones que «yo no sé si están ocultos o no, pero es una cantidad mayor a 200, y respecto a los cuales nosotros vamos a indagar y tendremos que determinar su paradero».
Campos continuó explicando que «si uno se presenta en la cabeza de que realmente tenemos a personas que vamos a traer a ingresar a nuestro país bajo su pretexto de precisamente el programa de reunificación familiar, es porque yo tengo que tener certeza de que la persona A, B o C, o el niño A, B o C, estará en determinado domicilio y bajo un adulto responsable que es persona X. Eso, el día de hoy, en los antecedentes de la investigación, no los tenemos y tenemos que indagar».
La situación escaló a niveles críticos luego de que parlamentarios denunciaran un eventual tráfico de órganos, hipótesis que no fue desestimada por el liderazgo del Ministerio Público debido a las nulas respuestas institucionales previas.
El fiscal nacional, Ángel Valencia, abordó la gravedad del caso indicando que «vamos a tener que investigar lo que ocurre. No quiero que cunda el pánico. Pero en teoría no es una cosa delirante. Es una cosa que pudiese ocurrir. Es atroz, pero no hay que descartarlo de plano».
El jefe máximo del Ministerio Público argumentó respecto a las sospechas políticas que «si el diputado afirma que así ocurrió, entiendo que así debe haber ocurrido. Yo no recuerdo en el periodo como fiscal nacional que me hayan reportado un hecho tan grave como este. Pero si el general afirma que ocurrió, debe haber ocurrido de esa manera».
OFICIOS PREVIOS Y EL CRUCE DE ACUSACIONES ENTRE ORGANISMOS
La revisión de antecedentes dejó al descubierto que la Defensoría de la Niñez ya había emitido alertas formales mediante requerimientos escritos dirigidos a las policías y al órgano migratorio durante el año anterior.
El defensor de la niñez, Anuar Quesille, plasmó en el oficio N° 539/2025 enviado a la PDI que «hemos tomado conocimiento, mediante el Oficio N°240/2/2025 de la Comisión de Defensa Nacional, de fecha 09 de abril de 2025, de la discusión sobre el ingreso al país de niños, niñas y adolescentes provenientes de Haití con visa de reunificación familiar, solicitándonos adoptar las medidas que estimemos pertinentes, de acuerdo con nuestras facultades leales».
El representante de la Defensoría de la Niñez requirió formalmente al cuerpo policial que «con el fin de obtener antecedentes precisos y detallados pido a UD., informar a la Defensoría de la Niñez el Protocolo de la Policía de Investigaciones para el ingreso de niños, niñas y adolescentes extranjeros a Chile, que portan un permiso de residencia por reunificación familiar. En caso de no contar con un documento del protocolo, que se indique cuáles son las instrucciones al personal de la Policía de Investigaciones para proceder en estos casos».
El mismo requerimiento exigió informes detallados sobre la detección de patrones de criminalidad transnacional que involucraran a los menores.
En esa línea Anuar Quesille, solicitó formalmente el «Protocolo de la Policía de Investigaciones para identificación de factores de eventual comisión de delitos en el ingreso de niños, niñas y adolescentes extranjeros a Chile, con permiso de residencia por reunificación familiar. En caso de no contar con un documento del protocolo, que se indique cuáles son las instrucciones al personal de la Policía de Investigaciones para proceder en estos casos».
En paralelo, la jefatura de la Defensoría exigió un desglose completo de las autorizaciones emitidas por la autoridad de extranjería para medir la magnitud de los accesos, quien mandó un oficio al Servicio Nacional de Migraciones pidiendo «la cantidad de permisos de residencia otorgados a niños, niñas y adolescentes extranjeros, por reunificación familiar, para ingresar al país, entre el periodo de los años 2022 a la fecha. Solicitando, que la información se encuentre desagregada por edad, género y nacionalidad de los niñas, niñas y adolescentes beneficiarios».
El encargado institucional de la niñez sumó además el requerimiento de la «cantidad de permisos de residencia rechazados a niños, niñas y adolescentes extranjeros, por reunificación familiar, para ingresar al país, entre el periodo de los años 2022 a la fecha. Solicitando, que la información se encuentre desagregada por edad, género y nacionalidad».
Desde el plano de la administración saliente, se defendió la gestión apuntando a que las deficiencias radican en los controles de aeronavegación y aeropuertos controlados por otras reparticiones.
Por su parte, el exdirector del Servicio Nacional de Migraciones, Luis Thayer, aseguró mediante canales oficiales que «este Servicio ha tomado conocimiento del arribo a territorio nacional de vuelos chárter procedentes desde Puerto Príncipe, Haití, y Santo Domingo, República Dominicana, realizados por las empresas de transporte Arajet S.A., Aruba Airlines y Galistair, transportando a personas extranjeras, en su mayoría a niños, niñas y adolescentes (NNA), alguno de ellos, sin cumplir con los requisitos establecidos en la Ley N° 21.325 para ingresar al territorio nacional».
La exautoridad migratoria continuó argumentando que «es preciso hacer presente que, este Servicio ha iniciado los respectivos procedimientos sancionatorios en contra de dichas empresas por infringir los artículos 98 en relación al 103 de la Ley de Migración y Extranjería, aplicando las sanciones pecuniarias contempladas en la normativa migratoria. Este Servicio desconoce las condiciones en que dichos NNA son transportados desde Haití a República Dominicana, ni las condiciones de estadía en dicho país hasta su traslado a Chile. Lo anterior, podría derivar en una eventual vulneración de derechos de los niños, niñas y adolescentes».
La exautoridad migratoria recalcó que las acciones judiciales ya estaban en conocimiento de los persecutores penales desde su propio periodo y apuntó las responsabilidades hacia la fiscalización de las aerolíneas.
Luis Thayer, argumentó que el problema no es nuevo y que «ya existe una investigación abierta por el Ministerio Público. Nosotros pusimos a disposición del Ministerio Público información sobre vuelos y agencias de viaje con sede en Chile que eventualmente podrían estar involucradas en una red o incurriendo en el delito de trata o tráfico de personas. Hicimos la denuncia el año 2023 y en virtud de eso se inició una investigación que hoy día está en curso».
Además, el exjefe del área de extranjería, analizó las falencias fronterizas señalando que «la PDI chequea normalmente la existencia de esa documentación. Lo que no funciona bien es que hay un déficit en la forma en que son trasladados los niños en los aviones, puesto que las líneas aéreas los embarcan sin que tengan el cumplimiento de la norma que establece que por cada adulto deben venir tres o cuatro niños máximo. Esa norma no se está cumpliendo. Nosotros advertimos a la DGAC para que no autorice vuelos de las líneas aéreas que provenían de Haití».
El exdirector de Migraciones expuso los antecedentes que derivó a los tribunales expresando que «nosotros dispusimos antecedentes al Ministerio Público respecto de agencias de viaje que desde nuestro punto de vista constituían un sujeto sospechoso, y de líneas aéreas, para que el Ministerio Público lo investigara. En lo que respecta a problemas con los vuelos, con la autorización y con la seguridad del vuelo, la entidad responsable es la Dirección General de Aeronáutica Civil. Si hay algún problema ahí, es ahí donde hay que corregir la situación».
El exdirector del Sermig, Luis Thayer, cerró el desglose de competencias fronterizas concluyendo que «la institución contralora de frontera que debe verificar que las personas vengan con las residencias otorgadas y que, en el caso de que haya niños, los reciban sus padres, es la Policía de Investigaciones. Hay tres instituciones acá que eventualmente podrían tener responsabilidad».
FISCALIZACIÓN PARLAMENTARIA EN EL CONGRESO
Ante la gravedad del informe emanado por el ente fiscalizador, diversas bancadas políticas anunciaron una ofensiva fiscalizadora inmediata para perseguir las negligencias estatales.
La diputada Natalia Romero (UDI) cuestionó duramente los filtros fronterizos señalando que «estamos frente a una situación nunca antes vista en Chile. El informe de Contraloría da cuenta de antecedentes extremadamente graves que podrían configurar eventuales delitos vinculados a la trata de menores. Lo primero que necesitamos esclarecer es dónde están estos niños, quiénes son las personas responsables de ellos y cómo fue posible que ingresaran al país en medio de tantas falencias de control».
Los parlamentarios insistieron en que se debe reconstruir la cadena de responsabilidades de todos los estamentos involucrados en las fronteras y los ministerios protectores.
El diputado Mario Olavarría (UDI) aseveró la urgencia de la revisión política expresando que «los antecedentes son suficientemente graves para que el Congreso ejerza plenamente su facultad fiscalizadora. Necesitamos conocer el rol que cumplieron el Servicio Nacional de Migraciones, la PDI, la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC), la Subsecretaría de la Niñez, la Defensoría de la Niñez y todos los organismos que participaron en este proceso. Esto puede ser la punta del iceberg de una eventual red de trata de menores que necesitamos esclarecer con urgencia. El Estado tiene la obligación de determinar responsabilidades administrativas, políticas y penales, además de garantizar la protección efectiva de cada niño y adolescente involucrado».
Para finalizar, los sectores de oposición recalcaron que la indagatoria legislativa debe ser profunda y no limitarse temporalmente a un solo periodo de gobierno para comprender el origen del fenómeno.
El diputado José Carlos Meza (Republicano) concluyó informando las acciones de su comité al detallar que «el país debiese estar a la altura de estas circunstancias, ya hemos tomado la decisión de presentar una Comisión Especial Investigadora para hacer investigación de los hechos, conocer las responsabilidades, pero no solo respecto del gobierno del presidente Gabriel Boric, sino que esto debiese extenderse hacia los primeros ingresos masivos de inmigrantes irregulares a comienzos de 2014».
