La Corte de Apelaciones de Iquique revocó la fianza otorgada por el juzgado de garantía a dos funcionarios de la Municipalidad de Alto Hospicio. Los imputados, de iniciales A.A.V.S. y F.A.E.R., están acusados de integrar una asociación criminal dedicada a la venta fraudulenta y masiva de licencias de conducir. Con este fallo del tribunal de alzada, ambos empleados públicos perdieron su libertad inmediata y deberán cumplir prisión preventiva durante el tiempo que dure la investigación.
El Ministerio Público reaccionó rápidamente en la audiencia de formalización mediante una apelación verbal para revertir los beneficios económicos otorgados a los principales sospechosos.
ARGUMENTOS DE LA FISCALÍA REGIONAL
El jefe de Asesoría Jurídica de la Fiscalía Regional, Stephan Justiniano, explicó que dada la gravedad de los hechos que se imputaron, en la audiencia de formalización se apeló verbalmente en el caso de los imputados que no había sido decretada la prisión preventiva por peligro para la seguridad de la sociedad: dos que el tribunal les decretó la prisión preventiva sólo por peligro de fuga, y por ende, tras pagar una caución podían recuperar su libertad, y un tercero que quedó con arresto domiciliario total.
La sala del tribunal compartió los criterios técnicos del ente persecutor sobre el peligro social que representa esta red de corrupción de licencias. El jefe de Asesoría Jurídica de la Fiscalía Regional de Tarapacá, Stephan Justiniano, detalló que «luego de los alegatos, los ministros de la Corte de Apelaciones acogieron nuestros argumentos en torno a que, considerando la pluralidad de delitos y la prognosis de pena, dada la gravedad de los mismos y la naturaleza de los hechos imputados, la libertad de dos de los imputados por quienes se apeló constituía un peligro para la seguridad de la sociedad y por ende deben permanecer en prisión preventiva durante la investigación».
SITUACIÓN PROCESAL DE LA RED CRIMINAL
El dictamen judicial mantuvo además las medidas cautelares sobre los otros involucrados en el fraude municipal. El representante del Ministerio Público precisó que «hoy, luego de los alegatos, la Corte de Apelaciones acogió los argumentos de la Fiscalía en torno a que, considerando la pluralidad de delitos y la prognosis de pena y la naturaleza de los hechos imputados, su libertad constituía un peligro para la seguridad de la sociedad y por ende, deben permanecer en prisión preventiva durante la investigación. En el tercer caso apelado, los ministros confirmaron el arresto domiciliario total que decretó el juzgado de garantía» respecto del funcionario municipal R.R.P.O.
Con esta resolución, casi la totalidad de la organización delictiva quedó recluida de manera obligatoria. La autoridad judicial concluyó que, de esta forma, 8 de los 10 imputados formalizados por asociación criminal, cohecho y soborno, lavado de activos y obtención y falsificación de licencia de conducir se mantendrán privados de libertad en un recinto penitenciario durante el transcurso de la investigación.
