El gobernador Diego Paco Mamani, respaldado de forma unánime por los consejeros regionales, activó la fiscalización en la Contraloría General de la República tras confirmarse un grave descontrol presupuestario. La auditoría no solo constató el «hoyo negro» por rendiciones pendientes, sino también un descuadre contable de $7.340 millones sin respaldo documental.
Arica y Parinacota enfrenta un destape financiero de proporciones. El gobernador regional Diego Paco Mamani, junto a las consejeras y consejeros regionales, golpeó la mesa y se presentó ante la Contraloría General de la República para entregar un voluminoso expediente. ¿El objetivo? Que el órgano contralor inicie sumarios inmediatos y derive los antecedentes a la justicia para perseguir responsabilidades por un desfalco y descontrol presupuestario que supera los $95 mil millones.
La bomba estalló tras conocerse los resultados finales de una auditoría externa encargada a la firma Fortunato y Asociados Ltda., financiada de forma unánime por el propio Core en marzo de 2025 para transparentar la gestión tras años de desconfianza ciudadana. Lo que hallaron los auditores al revisar el periodo 2021-2024 fue un patrón de negligencia sistemática: las transferencias reintegrables no rendidas ni devueltas por privados y organismos públicos suman la astronómica cifra de $95.486.967.000.
SABÍAN DE LA DEUDA Y NO MOVIERON UN SOLO DEDO
El informe reveló un antecedente que complica directamente a las autoridades que lideraron el GORE en el periodo anterior. Ya en 2021, una revisión previa sobre los años 2017-2020 había advertido que existía una deuda pendiente de $63.833.499.000. Tenían el dato sobre la mesa, contaban con las recomendaciones técnicas para cobrar, pero la administración pasada no ejecutó ninguna acción administrativa ni medida de resguardo para recuperar las platas.
Esa inacción provocó que la pelota de nieve siguiera creciendo sin freno. Durante la gestión anterior, el monto de recursos no rendidos o no devueltos aumentó en $31.653.458.000 adicionales. Un descalabro financiero que recién frenó de golpe en 2024, justo cuando la Fiscalía y Contraloría volcaron sus ojos al mapa nacional por el estallido del «Caso Fundaciones».
«La Ley y la ciudadanía nos demandan actuar con absoluta transparencia, probidad y eficiencia administrativa. Por ello, frente a la detección de cualquier eventual irregularidad, nuestro deber ineludible como autoridades regionales es denunciar y poner los antecedentes a disposición para que las instituciones actúen con todo el rigor correspondiente», enfatizó el gobernador Diego Paco Mamani.
DESCUADRES «FANTASMA» Y FALTA DE RESPALDOS
El desorden no termina en los vales por rendir. Los auditores detectaron una desviación de $7.340.332.000 entre la contabilidad interna del Gobierno Regional y los registros del sistema de Contraloría. Aparecieron múltiples ajustes a cuentas patrimoniales y de resultado que sencillamente no tienen justificación técnica ni respaldo documental. Todo hecho «a la rápida».
A eso se suma que varios proyectos no contaban con desglose de costos, las conciliaciones bancarias mostraban movimientos sin aclarar y el inventario de activos del GORE figuraba con severos vacíos de información.
«Estamos haciendo uso de nuestra facultad como consejeros regionales de fiscalizar, de poner en conocimiento a Contraloría esta información. Cabe recalcar que esto es parte del proceso de la auditoría, que todavía sigue un curso. Esperemos que esto pueda ser tomado con la seriedad que necesita, debido a los posibles hechos graves que pudieran haber acá», advirtió el consejero Ignacio Gómez en representación del cuerpo colegiado.
Las autoridades regionales cerraron la puerta a cualquier intento de «borrón y cuenta nueva». La carpeta ya está en manos del ente contralor y los gremios locales esperan que la investigación escale al Ministerio Público para determinar quiénes permitieron que se evaporaran $95 mil millones destinados al desarrollo de la región.
