El Ministerio Público dio luz verde a las primeras diligencias tras la denuncia presentada por parlamentarios oficialistas a raíz de los controvertidos dichos del embajador norteamericano Brandon Judd. La justicia busca esclarecer si funcionarios públicos locales vulneraron la ley de secreto del Estado al proporcionar datos de agencias policiales y de inteligencia a representantes de un gobierno extranjero.
Los polémicos comentarios del embajador de Estados Unidos en Chile, Brandon Judd, escalaron directo al terreno legal y judicial. La Fiscalía Nacional determinó traspasar de forma oficial los antecedentes a la Fiscalía Metropolitana Centro Norte para dar curso a una causa penal.
La fiscal nacional subrogante, Carmen Gloria Wittwer, firmó el oficio enviado al fiscal regional metropolitano Francisco Jacir para determinar la existencia de posibles delitos.
La decisión responde formalmente a la presentación realizada por los diputados Luis Cuello, Juan Santana y Daniela Serrano. Desde la repartición Centro Norte confirmaron de inmediato que iniciarán todos los peritajes del mandato constitucional para definir si los hechos corresponden a un ilícito sancionado por la legislación penal.
La entrevista con CNN que encendió las alarmas de filtración de inteligencia
El origen de este frente judicial se remonta al pasado 8 de septiembre, cuando el representante diplomático estadounidense afirmó en pantalla que agencias de su país manejaban análisis que vinculaban el origen del estallido social de 2019 con agrupaciones de izquierda.
El embajador aludió explícitamente a datos recopilados por policías y agencias de inteligencia, mencionando un trabajo coordinado entre organismos de Chile y Estados Unidos.
Estas frases levantaron sospechas inmediatas sobre el origen de esos insumos de seguridad nacional. Si la información provenía de archivos de agencias locales, funcionarios públicos chilenos habrían violado la reserva legal al compartir registros estratégicos sin contar con autorizaciones ni decretos oficiales.
Las leyes de secreto de Estado que fundamentan la denuncia de los parlamentarios
La acción legal interpuesta por los legisladores apunta directamente a los artículos 38 y 44 de la Ley N°19.974, texto normativo que rige y regula la actividad del Sistema de Inteligencia del Estado.
La legislación sanciona con penas de cárcel a cualquier funcionario que divulgue o permita el acceso a datos secretos de los organismos de inteligencia.
Según expuso la bancada denunciante, la declaración inicial de Judd demuestra de forma inequívoca que personal militar o policial proporcionó carpetas de acceso restringido a diplomáticos extranjeros. El diputado Luis Cuello remarcó que las primeras intervenciones del embajador dejan al descubierto una transferencia al margen de la ley.
Giros diplomáticos y un escenario judicial que vuelve a tensionarse
Acorralado por la controversia, el embajador fue citado al Ministerio de Relaciones Exteriores chileno para justificar los antecedentes presentados en televisión. Tras la cita diplomática, el representante modificó sustancialmente su postura pública.
Judd reculó en sus afirmaciones y sostuvo que la Embajada recopiló información mediante «fuentes abiertas», citando académicos, publicaciones de prensa y actas del Congreso.
Por su parte, el fiscal nacional Ángel Valencia aclaró rápidamente que la Fiscalía chilena no maneja esos antecedentes ni convalida hipótesis sobre responsabilidades políticas específicas en el 18-O. La causa toma un carril propio justo después de que una comisión investigadora de la Cámara de Diputados concluyera sus sesiones sin hallar instigadores ni financiamiento detrás de los desórdenes sociales.
