Este martes, o miércoles, la Corte de Apelaciones de Santiago revisará la medida cautelar de prisión preventiva que el alcalde de Recoleta, Daniel Jadue (PC), lleva cumpliendo hace una semana en Capitán Yáber, por ser el principal imputado en el caso de corrupción vinculado a la Asociación de Farmacias Populares (Achifarp).
La acción legal asegura que la medida interpuesta por la magistrada Paulina Moya del Tercer Juzgado de Garantía de Santiago se habría resuelto sin existir los fundamentos suficientes para privar al jefe comunal de libertar, considerando su permanente apoyo a la causa judicial de la que es parte.
En el documento, firmado por el abogado defensor Ramón Sepúlveda, se señala que “no existen antecedentes calificados que permitan al tribunal considerar que la prisión preventiva de mi representado es indispensable para el éxito de las diligencias de investigación o que su libertad es peligrosa para la seguridad de la sociedad. O de la víctima (el Municipio de Recoleta), o que exista peligro de fuga».
ENFERMEDADES
Además, entre otros puntos, el escrito sostiene que la madre del edil tiene 80 años “se mantiene con graves enfermedades, tales como hipertensión arterial, diabetes (…) todas las que sin duda pueden empeorar con la privación de libertad de su hijo, siendo éstas acreditadas con los documentos que serán entregados en estrados».
La defensa solicita que se ordenen cautelares de firma mensual, arraigo nacional y propone el arresto domiciliario parcial o total del imputado.
FALLO DEL JUZGADO
Sin embargo, el fallo del juzgado sostiene que Jadue continúa siendo alcalde de Recoleta y, por lo tanto, “no se puede pasar por alto el riesgo que genera su permanencia en el cargo para el patrimonio de la comuna, entendiendo que esto podría incluso configurar un peligro de reiteración».
En tanto, Mario Vargas, el abogado de Best Quality Spa, empresa a la que se le compraron los insumos médicos en cuestión, estimó que «la contundencia de la investigación, gravedad de los delitos y la claridad de la resolución de la jueza de garantía hacen difícil que la corte modifique la medida cautelar«.
