El Mandatario rompió el silencio tras la profunda crisis política por los beneficios otorgados a condenados por delitos sexuales contra menores. Calificó lo ocurrido como «inaceptable», aunque descartó la salida del titular de la cartera, encomendándole cerrar el vacío legal.
Fueron días de silencio, pero este lunes el Presidente José Antonio Kast dio la cara en el Palacio de La Moneda. Acompañado por su equipo de ministros y parlamentarios, el Jefe de Estado asumió la responsabilidad política por la polémica entrega de beneficios penales a condenados por abusos sexuales a menores, un caso que abrió un flanco crítico para el Gobierno.
«El Estado les falló», dijo Kast mirando de frente a las víctimas, en una declaración donde tildó el hecho como algo grave, doloroso e inaceptable. «No hay explicación técnica, ni criterio jurídico, ni procedimiento administrativo que pueda justificar ante una víctima que su agresor salga antes de la cárcel. Ninguna», remató con dureza, marcando un giro respecto a las explicaciones que venía entregando el Ejecutivo.
La decisión de ratificar al ministro Rabat
Todos las miradas apuntaban al ministro de Justicia, Fernando Rabat, cuya continuidad pendía de un hilo. Sin embargo, Kast prefirió no hacer un cambio de gabinete en esa cartera. Aseguró que sacar a una autoridad puede dar tranquilidad por unos días, pero no resuelve el problema de fondo.
Por eso, el Presidente confirmó la permanencia de Rabat con una misión clara: «Liderar las soluciones, esclarecer lo ocurrido y asegurar que una situación como esta jamás vuelva a repetirse». De esta forma, el Gobierno optó por la vía de corregir la falla internamente en vez de cortar el hilo por lo más delgado, manteniendo a Rabat al mando del plan de contención.
Revisión de decretos y freno legislativo a las rebajas
En cuanto a las medidas concretas, la orden desde la Presidencia es drástica. El Gobierno suspendió la tramitación de todas las solicitudes de rebaja para abusadores de menores y comenzó una revisión caso a caso de los decretos ya firmados. La meta es agotar las herramientas legales disponibles para que los delincuentes vuelvan a prisión a cumplir sus penas completas.
Al mismo tiempo, el Ejecutivo ingresará indicaciones a los proyectos de ley que se tramitan en el Congreso para cerrar de manera definitiva cualquier opción de beneficio o rebaja de pena a quienes atenten contra niños. Kast urgió a los parlamentarios a despachar estas normativas con celeridad para tapar el vacío legal de raíz.
Un compromiso bajo la lupa política y parlamentaria
Aunque Kast afirmó que no buscarán culpas en administraciones anteriores y asumió el costo del error, la tormenta política está lejos de amainar. El reconocimiento del Presidente echó por tierra la primera línea de defensa que sostuvo el ministro Rabat, quien argumentaba que todo se había hecho bajo el marco de la legalidad vigente.
Pese al respaldo presidencial, Rabat no la tiene fácil. En el Congreso ya se evalúan acciones como una eventual acusación constitucional, mientras el Ejecutivo intenta resguardar la promesa central con la que llegaron al Gobierno: poner siempre a las víctimas en primer lugar y a los delincuentes tras las rejas.
