La sede regional del órgano fiscalizador destapó una serie de graves falencias tras revisar el emblemático proyecto entregado a la comunidad en diciembre pasado. La débil supervisión municipal, el deterioro prematuro de la obra y los cuestionados pagos por retiro de escombros encendieron todas las alarmas en el norte grande.
Las cosas no marchan bien en el borde costero de Iquique. La Contraloría Regional de Tarapacá puso la lupa sobre uno de los proyectos más esperados por los deportistas locales y el resultado no pasa desapercibido. A través del Informe de Investigación Especial N°660 de 2026, el organismo fiscalizador dejó al descubierto que la supervisión de la Municipalidad de Iquique fue totalmente insuficiente para resguardar las reglas del juego en la reposición del Skate Park de Playa Brava.
El problema central apuntado por el ente contralor recae en el rol de la Inspección Técnica de Obra (ITO). Según la auditoría, los encargados de vigilar la ejecución no aseguraron el cumplimiento de las exigencias técnicas, administrativas y contractuales pactadas para el proyecto.
El listado de tropiezos administrativos es largo. La investigación detectó un deficiente control sobre la calidad de las obras, visados apresurados de estados de pago, un desorden evidente en el manejo documental, fallas en el seguimiento de las garantías y una fiscalización general que brilló por su ausencia.
A esto se suman inconsistencias técnicas de origen, la absoluta falta de registros en el libro de obras, aceptación de pólizas de garantía fuera de norma, modificaciones de contratos hechas entre cuatro paredes y sin el visto bueno formal, atrasos en la entrega de los terrenos y una pésima coordinación con el Gobierno Regional.
Fierros oxidados y grietas a pocos meses de cortar la cinta
El papel aguanta todo, pero el cemento y el acero no mienten. A pesar de que la infraestructura fue inaugurada y entregada para el uso público en diciembre de 2025, la Contraloría constató un prematuro y preocupante deterioro en distintos elementos de hormigón.
El recorrido de los fiscalizadores dejó constancia de grietas visibles en los muros de contención y armaduras de fierro completamente expuestas con claras señales de oxidación. Ante este escenario, la presión recayó directamente sobre el municipio: la CGR le exigió la elaboración urgente de un informe técnico riguroso para despejar una duda clave: ¿estas fallas estructurales ponen en riesgo la seguridad de quienes usan el parque todos los días y afectan la durabilidad de la obra?
El lío de las platas: reparo por más de $60 millones y retenciones cuestionadas
Las irregularidades también pasaron la cuenta en la billetera. Por un lado, el municipio devolvió retenciones de dinero por un monto de $60.213.835 sin haber acreditado los requisitos obligatorios para la recepción del contrato. Ahora, la casa edilicia tiene una tarea obligatoria: presentar los papeles faltantes o descontar esa cifra directamente en la liquidación final.
Pero la situación más grave se anota en el manejo de los escombros. El equipo fiscalizador determinó que tampoco fue posible comprobar la correcta disposición final de desechos asociados a partidas ya pagadas por $60.417.256. Como los rastros de esas platas no cuadran, la Contraloría decidió golpear la mesa e iniciará un juicio de cuentas o reparo, un mecanismo legal diseñado exclusivamente para recuperar y devolver al fisco los fondos mal gastados.
Sumario administrativo en marcha
Las consecuencias de este fiasco no se limitarán a observaciones en un papel. Debido al cúmulo de desprolijidades detectadas en la ejecución del proyecto, la Contraloríá General de la República ordenó abrir un procedimiento disciplinario. El objetivo del sumario es claro: perseguir y determinar las responsabilidades administrativas de los funcionarios municipales que dejaron pasar las irregularidades y descuidaron los recursos públicos en el borde costero de Iquique.
