El subsecretario Máximo Pavez confirmó que el grupo de extranjeros beneficiados por el Ministerio de Justicia enfrenta medidas de deportación en marcha. La revelación ocurre mientras el Ejecutivo concretaba un nuevo vuelo con 67 expulsados y anunciaba un millonario presupuesto para los procedimientos migratorios.
La controversia política y judicial en torno al denominado Caso Rabat sacudió las últimas horas al Ejecutivo. Tras un reportaje periodístico que reveló la autorización de 115 rebajas de condenas a ciudadanos extranjeros por parte del Ministerio de Justicia durante este año, el Gobierno salió a despejar dudas sobre los implicados.
De acuerdo con los antecedentes oficiales, 13 de los beneficiados corresponden a personas detenidas previamente en controles fronterizos y rutas de la región de Tarapacá por delitos ligados al tráfico de drogas. Frente a los cuestionamientos, el subsecretario del Interior, Máximo Pavez, aclaró públicamente el estatus legal de este grupo específico. «Respecto de las 13 personas, todas tienen orden de expulsión», aseveró la autoridad, detallando además que parte de esas medidas ya se materializaron o están en pleno proceso de ejecución.
Perfil de los involucrados y coordinación entre instituciones estatales
El listado de los 13 extranjeros involucrados refleja la compleja realidad que enfrentan las rutas fronterizas del norte chileno. Entre los detenidos figuran ocho ciudadanos bolivianos, tres venezolanos, un colombiano y una argentina, con varios arrestos concretados en la localidad fronteriza de Colchane.
El mecanismo administrativo opera mediante una cadena de transmisión formal entre los organismos del Estado. Cada vez que el Ministerio de Justicia concreta una medida de estas características, se emiten las notificaciones respectivas al Servicio Nacional de Migración, tal como explicó el propio Pavez. Con esos antecedentes sobre la mesa, la repartición migratoria abre los procedimientos sancionatorios conforme a derecho, lo que deriva en las órdenes de expulsión dictadas.
Nuevo vuelo de deportación y millonarios recursos para el 2027
Las explicaciones gubernamentales coincidieron con la ejecución de un nuevo operativo de seguridad y control migratorio en el país. El Ejecutivo concretó un nuevo vuelo de deportación que trasladó a 67 migrantes irregulares, elevando la cifra total a 2.136 expulsiones acumuladas durante este 2026.
Para sostener los operativos de aquí a fin de año, el director nacional de Migraciones, Frank Sauerbaum, detalló el panorama financiero de la institución. Tras agotarse en agosto los 4.000 millones de pesos aprobados por el Congreso para este período, el servicio consiguió una inyección de 1.760 millones gestionada con el Ministerio de Hacienda. Asimismo, el presupuesto para el año 2027 ya contempla 11.600 millones de pesos exclusivos para materializar deportaciones.
Balance operativo: más fiscalización y menos ingresos clandestinos
En paralelo a la polémica, la Policía de Investigaciones (PDI) destacó el despliegue operativo en el territorio nacional. El prefecto Jaime Lazo, jefe nacional de Migraciones y Policía Internacional, valoró el trabajo coordinado que permitió ubicar, notificar y concretar la salida de los extranjeros fiscalizados.
Las cifras oficiales muestran un cambio en la tendencia del flujo migratorio durante los primeros diez meses del año. Los registros de ingresos por pasos no habilitados cayeron un 34% entre enero y octubre en comparación con el mismo período de 2025, mientras que los procedimientos de fiscalización crecieron un 29% y la cantidad de personas controladas aumentó un 52%, alcanzando los 46.475 fiscalizados a nivel nacional.
