La Primera Sala del tribunal de alzada acogió de forma unánime el recurso de protección presentado por un estudiante que completó sus estudios en la sede local. El fallo otorga un plazo fatal hasta el 30 de noviembre para que la institución emita los documentos necesarios para abrir el expediente de titulación en la Corte Suprema.
La vía judicial se convirtió en la única salida para un exestudiante que acumulaba meses de frustración. La Corte de Apelaciones de Arica acogió el recurso de protección presentado por un egresado de la carrera de Derecho contra la Universidad La República, ordenando la emisión inmediata de los certificados de licenciatura y honorabilidad que la casa de estudios le retenía de manera injustificada.
El fallo unánime de la Primera Sala —integrada por las ministras Virna Velásquez Garrote, Juana Ríos Meza y Sara Pizarro Grandón— destrabó un conflicto que se arrastraba desde hace meses. El afectado egresó de la carrera en 2024 y concluyó su proceso de licenciatura académica en 2025, quedando listo para dar el salto final hacia el título profesional ante la Corte Suprema.
Sin embargo, las gestiones administrativas chocaron contra un muro de silencio. El estudiante envió correos electrónicos formales en septiembre y octubre de este año a las casillas de cierre de la universidad, sin recibir jamás una contestación formal por parte de la institución.
Vulneración de derechos y desigualdad frente a otras universidades
El tribunal fue sumamente duro al evaluar la conducta de la casa de estudios superiores durante el proceso. Los jueces determinaron que el silencio institucional vulneró directamente el derecho de propiedad sobre bienes incorporales, refiriéndose específicamente a las certificaciones de estudios concluidos que el afectado necesitaba para avanzar en su carrera.
La resolución enfatiza que la negligencia de la universidad generó un perjuicio grave e injusto. El actuar de la casa de estudios dejó al egresado en una posición de desigualdad arbitraria frente a alumnos de otras instituciones, bloqueando sin fundamento plausible su postulación formal ante el máximo tribunal del país.
Plazo fatal y obligación de entrega antes de diciembre
La decisión judicial no da espacio para nuevas demoras administrativas ni excusas operativas. La Corte de Arica concedió un plazo que expira indefectiblemente el 30 de noviembre de 2026 para que la Universidad La República entregue los papeles requeridos.
Con este dictamen, el recurrente podrá por fin conformar su expediente y destrabar el trámite final. La universidad está obligada por ley a remitir el Certificado de Licenciado en Ciencias Jurídicas y el Certificado de Honorabilidad, cerrando un capítulo de nula respuesta que obligó a la justicia a intervenir directamente en los procesos internos de la casa de estudios.
