La iniciativa busca terminar con la burocracia que deja las expulsiones en letra muerta y otorga nuevas facultades a la PDI para entrar a domicilios con orden judicial. El senador por Tarapacá, Renzo Trisotti, respaldó con fuerza la normativa desde la cruda realidad del norte, aunque lamentó que parlamentarios de izquierda rechazaran aumentar a 10 años la prohibición de reingreso al país.
La discusión sobre la crisis migratoria sumó un capítulo decisivo en el Congreso. El Senado dio luz verde a una parte fundamental del proyecto de ley que busca destrabar y acelerar las expulsiones de ciudadanos extranjeros que cometen delitos en suelo nacional.
Desde la región de Tarapacá, el senador Renzo Trisotti defendió la urgencia de esta reforma, enfatizando que la situación en el norte dejó de ser un debate teórico para transformarse en un problema diario que colapsó los servicios públicos, disparó los índices de crimen organizado y destruyó la tranquilidad de los barrios. «Este proyecto no es una discusión ideológica, es una discusión sobre si el Estado tendrá o no herramientas reales para hacer cumplir sus propias decisiones», disparó el parlamentario por Tarapacá.
Uno de los pilares más potentes de la iniciativa apunta directamente a terminar con la caducidad de las sanciones administrativas. El proyecto deja en claro que las órdenes de expulsión se mantendrán completamente vigentes hasta que se ejecuten de manera efectiva, evitando que el paso del tiempo borre los decretos de salida.
Para Trisotti, el respaldo a esta ley coincide con un cambio de timón en la gestión fronteriza, destacando que el control eficiente en la frontera norte provocó una drástica caída del 96% en los ingresos irregulares durante los últimos tres meses. Las cifras del año 2026 avalan la intensificación de los procesos, registrándose 1.039 expulsiones a la fecha, de las cuales 743 se concretaron desde el pasado 11 de marzo.
Fin al candado en las casas: La PDI podrá ingresar a buscar a los expulsados
El proyecto aprobado resuelve un dolor de cabeza operativo que entrampaba constantemente la labor de la Policía de Investigaciones. Actualmente, muchos operativos de expulsión fracasan porque el extranjero con orden de salida vigente se esconde al interior de una propiedad privada, un límite que los detectives no pueden cruzar de brazos cruzados. Con la nueva reforma, la PDI tendrá la facultad legal de ingresar a los domicilios para capturar a quienes tengan órdenes pendientes, requiriendo únicamente la autorización previa de un juez de garantía.
Asimismo, la normativa va un paso más allá al ampliar los criterios de expulsión del Servicio Nacional de Migraciones. El texto incorpora la grave afectación del orden público como una causal directa para decretar la expulsión administrativa, permitiendo actuar contra extranjeros que, sin necesariamente ser una amenaza directa a la seguridad nacional, destruyen la convivencia vecinal, participan en actos de violencia o alteran la paz de comunidades completas. Además, el proyecto entrega mayores garras al Estado para rastrear y cruzar información de aquellas personas que simplemente deciden desaparecer del mapa para evadir la fiscalización.
La izquierda frena el veto de reingreso por 10 años
A pesar del avance general de la votación, el debate legislativo no estuvo exento de roces políticos. El senador Trisotti lamentó y criticó la postura de los sectores de izquierda en la Cámara Alta, quienes rechazaron la propuesta de aumentar de 5 a 10 años la prohibición de reingreso a Chile cuando la medida sea dictada por el Subsecretario del Interior.
El parlamentario nortino calificó este rechazo como un tropiezo para las comunidades que llevan años soportando los costos de la migración descontrolada, y adelantó de inmediato que darán una dura batalla para revertir esta votación y reponer la indicación durante el próximo trámite legislativo en la Cámara de Diputados.
Finalmente, el proyecto también agilizará la salida del país de aquellos extranjeros imputados por delitos menores, coordinando directamente el proceso penal con la expulsión para evitar que las causas menores sirvan de excusa para quedarse indefinidamente en el país. «Controlar la migración irregular no es solo una política migratoria, es una condición indispensable para recuperar el orden, proteger nuestras fronteras y dar seguridad», concluyó Trisotti al justificar su voto a favor de una ley que busca devolverle los dientes al Estado frente a la delincuencia transnacional.
