Diputados y senadores de Tarapacá calificaron el hecho como gravísimo y demandaron revisar de manera urgente los protocolos internos. Mientras la Fiscalía del Tamarugal y Asuntos Internos de Carabineros lideran las pericias por la sustracción de dinero incautado por contrabando, el municipio local tildó la situación de «irrelevante».
Un terremoto institucional y una ola de indignación política ha provocado el millonario robo registrado al interior de las dependencias de la Subcomisaría Fronteriza de Carabineros en Colchane, ubicada en la conflictiva zona limítrofe de la Región de Tarapacá. El hecho, que quedó al descubierto en las últimas horas, involucra la sustracción de más de 37 mil dólares en efectivo y 800 bolivianos, un monto que equivale a cerca de $34 millones de pesos chilenos.
De acuerdo con los antecedentes oficiales proporcionados por el fiscal de la zona, Milton Torres, las divisas sustraídas corresponden a dinero previamente incautado en el marco de un exitoso operativo por contrabando de dinero. Las monedas extranjeras se encontraban bajo la custodia de la unidad policial al momento de ser robadas, lo que ha encendido las alarmas de los parlamentarios de la zona, quienes catalogaron la vulneración como un hecho sin precedentes que daña profundamente la confianza de la ciudadanía en las instituciones de orden y seguridad pública.
Exigencia transversal de responsabilidades y revisión de protocolos
Las reacciones del mundo político no se hicieron esperar ante la gravedad de que el delito se cometiera dentro de un recinto policial. El diputado por Tarapacá, Carlos Carvajal, enfatizó que este es un escenario anómalo que requiere una respuesta institucional inmediata y sin matices.
“Hay que respetar, por supuesto, la investigación de Fiscalía, pero también exigir responsabilidades administrativas, revisar protocolos y aclarar quiénes tenían acceso a esos recursos, porque situaciones como esta dañan profundamente la confianza en las instituciones”, fustigó Carvajal, agregando de manera tajante que en una zona golpeada por la crisis migratoria y delictual, «el Estado no puede fallar dentro de sus propias dependencias».
Por su parte, el senador por la región de Tarapacá, Renzo Trisotti, se sumó a las exigencias de rigurosidad, apuntando a que el origen del suceso dentro de la misma unidad policial vuelve todo doblemente cuestionable. Trisotti demandó que las indagatorias de la justicia deben ser «rápidas, rigurosas y efectivas para poder establecer los hechos, determinar las responsabilidades y aplicar las máximas sanciones que correspondan» a los involucrados.
Radiografía a las carencias del personal policial en la frontera
El debate también derivó hacia las precarias condiciones logísticas bajo las que opera la policía uniformada en los límites del país. La diputada por el distrito 2, Ximena Naranjo, argumentó que si bien la ciudadanía exige y merece una transparencia absoluta sobre el dinero perdido, este caso vuelve a dejar en evidencia las condiciones extremadamente complejas con las que el personal de Carabineros trabaja en la frontera de Colchane, evidenciando una severa falta de recursos.
“Hace mucho tiempo venimos advirtiendo que Colchane necesita más infraestructura, mejor tecnología y mayores recursos para Carabineros. Fortalecer la seguridad fronteriza no implica solo exigir altos estándares de probidad, sino también entregar a nuestra policía las herramientas necesarias para cumplir una labor que es fundamental para la seguridad del país”, aseveró la legisladora, llamando al Ejecutivo a inyectar presupuesto fiscal de manera prioritaria en la zona.
La polémica respuesta de la Municipalidad de Colchane y el avance judicial
En la otra vereda, una inesperada controversia se generó desde el espectro municipal local. Al ser consultados por la prensa nacional respecto a este millonario robo, el jefe de gabinete del alcalde Teófilo Mamani, Jorge Inostroza, emitió una controvertida declaración en representación del edil (quien se encuentra fuera del país). Inostroza aseguró de forma polémica que el tema consultado sería «irrelevante» y no constituye una problemática directa para la comuna, pues a su juicio, se trata de «algo interno de Carabineros».
Pese a la minimización del municipio, el plano judicial avanza a pasos agigantados. La Fiscalía Local del Tamarugal ya instruyó diligencias de alta complejidad, ordenando el trabajo inmediato de personal policial especializado y, de forma paralela, la intervención directa de los funcionarios de la Dirección de Asuntos Internos de Carabineros. Estos últimos tendrán la misión de tomar declaraciones cruzadas, revisar los accesos y determinar si existió facilitación o participación de terceras personas pertenecientes a las propias filas institucionales en este grave robo fronterizo.
