Un devastador informe del Consejo de Auditoría Interna General de Gobierno destapó una serie de irregularidades, ineficiencias y posibles hechos de carácter penal en más de 500 servicios públicos. El Ejecutivo anunció investigaciones contra cuatro ministerios y organismos clave tras detectar una deuda oculta y una gestión deficiente de recursos estatales.
Lo que comenzó como un proceso de fiscalización interna se ha transformado en un terremoto político para el Ejecutivo. Este lunes, el Gobierno dio a conocer los resultados de una «auditoría total» que analizó más de 913 millones de datos correspondientes al período 2022-2026, revelando una cifra alarmante: alertas de riesgo fiscal que superan los US$9.200 millones, una magnitud que ha encendido las alarmas sobre la salud financiera del aparato público.
La subsecretaria general de la Presidencia, Constanza Castillo, fue la encargada de entregar el balance, calificando el escenario de crítico. Según detalló, el trabajo del Consejo de Auditoría Interna General de Gobierno (CAIGG) permitió identificar «errores, inconsistencias, mala gestión, debilidades estructurales de control e ineficiencias». Más grave aún, la autoridad confirmó que en casos específicos se hallaron «antecedentes que podrían eventualmente configurar irregularidades o incluso hechos de relevancia penal».
Investigaciones en marcha
Ante la contundencia de los datos, el Gobierno instruyó la apertura inmediata de investigaciones especiales en cuatro instituciones fundamentales: la Junaeb, el Ministerio de la Mujer, el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones y la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo (ANID). Estas entidades deberán aclarar las graves inconsistencias detectadas en la gestión de sus presupuestos.
La auditoría puso bajo la lupa prácticas que el Ejecutivo describió como «debilidades estructurales», entre las que destacan:
- Rendiciones de cuentas inferiores a lo efectivamente pagado.
- Entrega de fondos a entidades que no estaban inscritas en el Registro Central de Colaboradores del Estado.
- Fraccionamiento de compras mediante «compras ágiles» repetidas al mismo proveedor en un mismo día.
- Subejecución presupuestaria superior al 30% en diversas partidas.
- Licencias médicas de funcionarios sin recuperación del subsidio.
Pagos postergados y cuestionable uso del trato directo
Uno de los capítulos más complejos del informe es la revelación de US$3.200 millones en pagos postergados, cifra que equivale aproximadamente al 1% del Producto Interno Bruto (PIB). Entre los montos adeudados figuran US$650 millones para la Junaeb, US$400 millones en gratuidad universitaria y US$1.000 millones destinados a proveedores de atención de salud.
Asimismo, se cuestionó el uso recurrente del Trato Directo y la Compra Ágil en situaciones donde la norma exigía licitaciones públicas. El reporte cifró en US$3.170 millones las operaciones realizadas bajo esta modalidad, con un costo estimado de eficiencia de US$760 millones.
Las instituciones con mayores cifras cuestionadas por trato directo incluyen a la Cenabast (US$700 millones), el Registro Civil (US$350 millones) y el Servicio de Salud Sur (US$56 millones). En el ámbito de la compra ágil, el Hospital Regional de Iquique aparece mencionado con US$9 millones bajo análisis, integrando una lista donde también destacan centros asistenciales de Santiago y Viña del Mar.
El Gobierno recalcó que el objetivo de esta «auditoría total» es transparentar la gestión, limpiar los procesos internos y determinar responsabilidades administrativas y, en caso de ser necesario, penales. La ciudadanía y el Congreso esperan ahora que este balance derive en reformas profundas para evitar que los recursos de todos los chilenos sigan expuestos a este nivel de riesgo.
