Frente a la inminente paralización de los microbuses eléctricos de la Línea E-1, la máxima autoridad regional busca poner fin a un sistema dominado exclusivamente por la rentabilidad comercial. Con una inversión proyectada de $11 mil millones, el plan pretende que el Estado subsidie y garantice frecuencias, recorridos y tarifas justas, sacando a Arica de su histórico rezago como la única capital de Chile sin transporte normado.
Una verdadera carrera contra el tiempo enfrenta la Región de Arica y Parinacota para evitar un colapso en su conectividad urbana. Ante la preocupante alerta sobre la eventual paralización de la línea de microbuses eléctricos E-1 que atiende al sector norte de la ciudad, el Gobernador Regional, Diego Paco, ha tomado cartas en el asunto, anunciando gestiones de alto nivel directamente con el Presidente de la República, José Antonio Kast.
El objetivo es claro y ambicioso: implementar un perímetro regulado en Arica. Esta medida estructural no solo solucionaría la contingencia actual, sino que transformaría de raíz el modelo de movilidad, sacando a Arica de su insólito estatus como la única capital regional del país con un sistema de transporte no regulado.
La raíz del problema: Un modelo a merced del mercado
Durante su reciente intervención en el Consejo Regional, el gobernador Paco fue enfático en explicar por qué la ciudad sufre crisis recurrentes de conectividad. En el actual esquema no regulado, son las propias empresas o líneas de micros quienes eligen de forma autónoma sus recorridos, frecuencias y tarifas, basando sus decisiones exclusivamente en la rentabilidad comercial.
Por el contrario, la transición hacia un perímetro regulado cambiaría las reglas del juego. Bajo este modelo, es el Estado —a través del Ministerio de Transportes y el Gobierno Regional— quien define las rutas estratégicas, asegura la cobertura en zonas alejadas y entrega subsidios directos a la operación diaria.
«Todas las personas de una ciudad tienen derecho a acceder a movilización, incluso si se trata de un solo pasajero en sectores como Villa Frontera», explicó la máxima autoridad regional. Sin embargo, sinceró la cruda realidad del sistema actual: «Al empresario no le conviene. No va a ir por una persona hasta Villa Frontera. Como no es un sistema regulado, no podemos obligar a la empresa a que vaya al sector norte o a algún perímetro donde haya pocos pasajeros».
Paco subrayó que la crisis no pasa por una falta de fondos del Gobierno Regional (GORE), sino por la ausencia de una normativa que les permita inyectar recursos legalmente para subsidiar la operación.
El ultimátum a la Línea E-1: «Tienen la obligación de devolver los recursos»
Esta limitación legal es el núcleo del conflicto que hoy afecta a la Línea E-1, operada por la empresa Sotranzel, cuyo cese de funciones está proyectado para el próximo 1 de junio.
El Gobierno Regional fue un pilar fundamental para la puesta en marcha de esta flota sustentable. El GORE aprobó más de 1.473 millones de pesos que financiaron el 72% de las máquinas que comenzaron a rodar por las calles ariqueñas en agosto de 2025.
Ante la amenaza de paralización, el gobernador fue categórico al recordar que existe un contrato formal vigente. La empresa se comprometió a operar por un periodo de cuatro años, por lo que advirtió que, si dejan de funcionar, «tienen la obligación legal de devolver los recursos». En esta línea, Paco instó a los empresarios a sentarse a la mesa de diálogo con el Ministerio de Transportes para encontrar una salida rápida que no sacrifique ni el servicio a la comunidad ni la viabilidad de la empresa.
Soluciones en marcha: $11 mil millones para transformar Arica
Trabajando en dos frentes simultáneos, el Gobernador Regional ha sostenido reuniones de carácter urgente con el Seremi y el Subsecretario de Transportes para explorar alguna vía jurídica excepcional que evite la suspensión del servicio de la Línea E-1 este 1 de junio, resguardando así a los miles de usuarios del sector norte y protegiendo las fuentes laborales de los conductores.
No obstante, la solución definitiva ya fue puesta sobre la mesa presidencial. Tras plantear la gravedad de la situación al Presidente Kast, Diego Paco logró un compromiso formal del Ejecutivo para avanzar en la regularización mediante un perímetro de exclusión, un proyecto histórico que implicará una inversión estatal de 11 mil millones de pesos.
«Hoy la solución de mediano plazo es regularizar el transporte público y voy en esa línea», concluyó el gobernador, enviando un mensaje de liderazgo: «Como somos autoridades de este periodo, nos tenemos que hacer cargo, tenemos que trabajar en la solución, buscarla y unirnos para encontrarla en conjunto para elevar el nivel del transporte a toda la ciudad».
