A un año exacto de abandonar la prisión preventiva en el Anexo Penitenciario Capitán Yáber, este miércoles 20 de mayo expiran los 120 días de prórroga investigativa otorgados por la justicia. El exsubsecretario del Interior se encamina a un juicio oral donde arriesga hasta 14 años de cárcel por presuntos delitos de abuso sexual y violación, en una causa penal que desató el mayor terremoto político en la administración del Presidente Gabriel Boric.
El tiempo se agota y el cerco judicial se estrecha. Hace exactamente un año, Manuel Monsalve cruzaba las puertas del Anexo Penitenciario Capitán Yáber, dejando atrás la prisión preventiva en el marco de una investigación que remeció el corazón político de La Moneda. Hoy, doce meses después, el caso se encuentra en una de sus etapas más críticas y decisivas.
Este miércoles 20 de mayo se cumplen los 120 días de plazo extraordinario que el tribunal otorgó tras la reapertura de la investigación. Se trata de la última prórroga conseguida por su defensa en febrero, en el marco de la indagatoria donde el exfuncionario está imputado por los delitos de abuso sexual y violación contra una subalterna, hechos que habrían ocurrido en septiembre de 2024.
Con el reloj procesal llegando a cero, la fase investigativa llega a su fin para dar paso a la acusación definitiva y la preparación del juicio oral. En este inminente escenario, tanto la Fiscalía como la defensa deberán poner todas sus cartas sobre la mesa para cerrar el capítulo judicial de uno de los casos de mayor connotación pública y revuelo de los últimos años en Chile.
De «hombre fuerte» de Interior a imputado
La caída de Manuel Monsalve no se limitó a los tribunales; representó una de las crisis políticas más severas que ha enfrentado el Gobierno de Gabriel Boric. Hasta antes de que estallara el escándalo, el médico de profesión y político de larga trayectoria era considerado una de las figuras más sólidas, respetadas y de mayor peso en el gabinete.
Como titular de la Subsecretaría del Interior, era el encargado de administrar la principal urgencia del país: la seguridad. Sin embargo, su desplome fue abrupto. La denuncia por agresión sexual provocó un auténtico terremoto interno en el Ejecutivo, abriendo duros cuestionamientos sobre el manejo político de la crisis por parte de La Moneda. Rápidamente, el caso mutó de una crónica policial a un símbolo de desgaste gubernamental, obligando al propio Presidente a responder preguntas incómodas y asumir costos políticos permanentes.
El paso por Capitán Yáber y la aplastante prueba de ADN
El destino del exsubsecretario tuvo un giro el 19 de mayo de 2025, cuando la Corte Suprema acogió un recurso de amparo y revocó su prisión preventiva, sustituyéndola por arresto domiciliario total, arraigo nacional y la prohibición absoluta de acercarse o comunicarse con la denunciante.
Al salir de Capitán Yáber, Monsalve reconoció la dureza del encierro y enfatizó que la cárcel «no es un privilegio para nadie», insistiendo en el eje de su defensa: «Quiero reiterar mi inocencia». Durante su reclusión, compartió con otros imputados de alto perfil, destacando el momento en que, gracias a su profesión médica, asistió a Luis Hermosilla tras una descompensación de salud.
En el plano judicial, la defensa intentó sembrar dudas a fines de 2024 sobre los peritajes biológicos del Servicio Médico Legal, argumentando que las muestras genéticas no cumplían con los mínimos para ser concluyentes. No obstante, el Ministerio Público fue letal en su respuesta: según los análisis, era 83 millones de veces más probable que la huella genética correspondiera a Manuel Monsalve y no a otra persona.
La reapertura y los 14 años de cárcel que pide Fiscalía
Para diciembre de 2025, parecía que la suerte estaba echada. Los fiscales Xavier Armendáriz y Francisco Jacir solicitaron penas durísimas: diez años y un día por el delito de violación, y otros cuatro años y un día por abuso sexual, sumando cerca de 14 años de prisión.
Ante la inminencia del cierre, el 11 de diciembre Monsalve emitió una declaración desde Viña del Mar, calificando la situación de «máxima gravedad» y asegurando que el juicio oral sería el único espacio para demostrar «más allá de toda duda» su inocencia. Tras esto, su defensa logró que la jueza del Séptimo Juzgado de Garantía, Pilar Ahumada, reabriera la investigación por los 120 días que expiran esta semana.
El otro frente: La «guerra sucia» y la protección de la víctima
El avance del proceso ha estado marcado por un tenso conflicto paralelo: la exposición de la denunciante. La abogada querellante María Elena Santibáñez, junto a los profesionales Pablo Ortiz Chamorro y Nicolás Padilla Moya, denunciaron públicamente maniobras oscuras para desprestigiar a la víctima.
En agosto del año pasado, los querellantes apuntaron contra Víctor Providel Labarca, abogado de Monsalve, acusándolo de colaborar con imputados de una investigación paralela para filtrar a la prensa antecedentes de la vida privada de la mujer. Según la querella, esto buscaba dañar su imagen con información que «en nada se vincula con la investigación formalizada».
«Tenemos una víctima que lleva mucho tiempo esperando para que el proceso avance y podamos llegar lo antes posible al juicio oral», sentenció a BioBioChile la abogada Santibáñez, reflejando el agotamiento frente a las dilaciones.
«Cometí un error, pero no un delito»
Acorralado por el escrutinio, en septiembre de 2025 Monsalve rompió el silencio en una entrevista con La Tercera. Aunque reconoció malas decisiones la noche de septiembre de 2024, trazó una línea roja respecto a sus implicancias penales. «Jamás debía salir con una persona que trabajaba conmigo», admitió, acuñando la frase que define su postura: «Cometí un error que me puso en una situación en la que nunca pensé estar, pero no cometí un delito».
Mientras el caso por delitos sexuales entra en tierra derecha y se apronta para el juicio oral, el ex «zar de la seguridad» mantiene un flanco abierto en la sombra. Una investigación desformalizada por el presunto uso irregular de gastos reservados sigue su curso, bajo la atenta mirada del recién nombrado fiscal regional metropolitano centro norte, Francisco Jacir.
El reloj procesal ya no da tregua. Para Manuel Monsalve, la hora de la verdad ante la justicia chilena ha llegado.
