En entrevista con Estado Nacional de TVN, la autoridad de Interior descartó retirar la polémica indicación que recopila datos de extranjeros en tránsito de expulsión, asegurando que «no se le negará la atención de salud a nadie». Además, adelantó un inminente plan de reordenamiento carcelario que revisará el régimen de penales como Punta Peuco.
Una firme defensa de la agenda de seguridad y control fronterizo realizó este domingo el Gobierno a través del subsecretario del Interior, Máximo Pavez. En medio de la tormenta política y las aprensiones manifestadas por diversos sectores sociales y gremiales, la autoridad descartó tajantemente que el Ejecutivo evalúe retirar la polémica indicación migratoria ingresada al Congreso, la cual busca dotar de mayores herramientas de trazabilidad al Estado para acelerar los decretos de expulsión vigentes.
Durante su intervención en el programa Estado Nacional de Televisión Nacional de Chile (TVN), Pavez salió al paso de las críticas que apuntan a que la medida podría transformarse en un mecanismo de «persecución» o «delación», insistiendo en que el texto legal ha sido objeto de malentendidos y lecturas erróneas por parte de la oposición. “De ninguna manera”, contestó de forma tajante al ser consultado sobre si La Moneda daría un paso atrás ante las presiones legislativas.
Interoperabilidad: ¿En qué consiste la indicación?
El núcleo del proyecto de ley, según detalló la autoridad de Interior, tiene como propósito exclusivo mejorar y agilizar los engorrosos procedimientos administrativos de expulsión de ciudadanos extranjeros que ya se encuentran bajo un proceso sancionatorio formal.
La polémica propuesta establece normativamente que determinados órganos del Estado, instituciones previsionales, servicios de salud y establecimientos educacionales, entre otros organismos públicos y privados, deberán entregar de manera obligatoria los antecedentes requeridos por la autoridad migratoria, siempre y cuando correspondan a extranjeros que formen parte de procedimientos migratorios que se encuentren actualmente en tramitación.
Frente al temor generalizado de que esto obligue a los funcionarios públicos a transformarse en agentes de control migratorio, Pavez fue enfático en desmarcarse de esa tesis. “En ningún caso es como se dijo, que aquí hay una obligación de reporte de migrantes”, puntualizó. Según su explicación, la norma no crea un deber generalizado de denunciar a personas por el solo hecho de encontrarse en situación irregular, sino que busca establecer un canal de interoperabilidad administrativa para acceder a datos básicos de contacto, tales como el domicilio actual, números de teléfono o correos electrónicos, permitiendo notificar de forma oportuna los actos del Estado bajo el estricto marco de la ley de protección de datos personales.
El fantasma del desincentivo sanitario y el respaldo de las policías
Uno de los flancos más complejos abordados en el debate televisivo guarda relación con las aprensiones levantadas desde el sector sanitario, incluyendo reparos de la propia ministra de Salud, May Chomali. Gremios médicos han advertido que la medida podría generar un grave problema de salud pública si los migrantes en situación irregular optan por dejar de asistir a los centros asistenciales y vacunatorios por temor a ser identificados y posteriormente expulsados del país.
Si bien Pavez reconoció que dicha preocupación sectorial es legítima en el debate técnico, descartó de plano que la ley vaya a provocar un efecto de desatención. “No se le va a negar la atención de salud a nadie”, enfatizó el subsecretario, asegurando que la indicación no alterará en lo absoluto la oferta programática ni el acceso universal a las redes sanitarias o educacionales del país.
Para justificar la necesidad de la medida, el abogado comparó la herramienta con facultades jurídicas que ya operan de forma regular en la persecución penal chilena, donde el Ministerio Público posee la atribución de requerir información a instituciones públicas durante el curso de una investigación criminal. En este caso, argumentó, se busca dotar de un estándar similar al ámbito administrativo migratorio.
De hecho, Pavez desclasificó que la herramienta fue solicitada de manera expresa por la Policía de Investigaciones (PDI) y el Servicio Nacional de Migraciones, debido al crónico problema logístico que enfrentan los detectives a la hora de ejecutar los decretos de expulsión. “Cuando yo voy a materializar (la expulsión), la persona no está”, argumentó el subsecretario, apuntando a las severas dificultades del Estado para ubicar geográficamente a los infractores una vez que se inicia el respectivo procedimiento sancionatorio.
El balance del «cambio de mano» bajo la administración Kast
Al ser interpelado por el cumplimiento de las promesas de campaña del Presidente José Antonio Kast respecto a la crisis migratoria y la baja en la ejecución de las expulsiones masivas inmediatas, el subsecretario del Interior defendió con fuerza el rumbo de la actual administración, llamando al realismo político e institucional.
Pavez aclaró que el compromiso del Mandatario siempre estuvo supeditado a generar un “cambio de mano” estructural e institucional en las tres áreas prioritarias de la nación: migración, seguridad pública y reactivación económica. En ese sentido, desmitificó los discursos de las bancadas opositoras: “No hay ninguna cuña en que el Presidente diga que el 11 de marzo se iban a expulsar a todas las personas, porque eso no es posible de hacer”, sinceró respecto a las limitaciones físicas y diplomáticas de los procesos de expulsión.
A pesar de las dificultades logísticas, la autoridad de Interior blindó la gestión del Ejecutivo asegurando que, al analizar los datos consolidados, el actual Gobierno exhibe cifras ostensiblemente mejores que las de la administración anterior en materias críticas como el número neto de expulsiones efectivas, el control y baja de ingresos clandestinos por pasos no habilitados en las fronteras y la efectividad de los procedimientos de reconducción inmediata.
Reordenamiento carcelario y el futuro de Punta Peuco
Hacia el bloque final de la entrevista en TVN, Máximo Pavez abordó un nuevo flanco de la contingencia que toca directamente al sistema penitenciario y los derechos humanos, tras las pasadas declaraciones del Presidente Kast en las que manifestó que los presos comunes no deberían compartir recintos con personas condenadas por violaciones a los derechos humanos y crímenes de lesa humanidad.
Al ser consultado sobre si el Palacio de La Moneda tiene en carpeta la firma de un decreto para retrotraer la condición penal de Punta Peuco y devolverlo a su estatus de penal exclusivo, Pavez optó por la prudencia política, evitando dar una respuesta cerrada y delegando la vocería técnica en la cartera de Justicia.
No obstante, el subsecretario adelantó que el Ejecutivo se encuentra afinando los últimos detalles de una profunda reestructuración del aparato de control penitenciario chileno. “El Gobierno lo que va a hacer es revisar la forma en que hoy día está administrada la población penal”, reveló, explicando que el Ministerio de Justicia aplicará criterios científicos rigurosos de segregación basados en el nivel de peligrosidad, sexo y edad para ordenar a los reclusos a nivel nacional. En esa línea, el personero de Interior adelantó que el Ejecutivo trabaja a toda marcha en un plan integral de reordenamiento carcelario y que habrá novedades e importantes anuncios en los próximos días.
“Habiendo un procedimiento en el marco de la ley migratoria, la autoridad respectiva debe contar con información para ejecutar esos procesos (…). No se le va a negar la atención de salud a nadie, pero necesitamos dotar de herramientas concretas a la PDI porque hoy, cuando se va a materializar una expulsión, la persona simplemente no está”, sentenció el subsecretario del Interior, Máximo Pavez, en las pantallas de TVN.
