Una ofensiva para concretar las expulsiones administrativas de extranjeros en situación irregular busca implementar el Ejecutivo mediante una nueva indicación legal. La propuesta establece la obligación para que organismos públicos y privados de salud, educación y previsión entreguen antecedentes detallados, como domicilios y teléfonos, al Servicio Nacional de Migraciones. El objetivo central es aprovechar cada punto de contacto con el Estado para terminar con la «invisibilidad» de quienes permanecen ilegalmente en el país y facilitar su localización y salida obligatoria.
Es así como, Max Pavez, subsecretario del Interior, detalló que esta medida responde a la dificultad actual para materializar las sanciones debido a la falta de datos de contacto fidedignos. El personero manifestó que muchas veces no se pueden notificar las órdenes de expulsión porque las personas cambian de residencia y no se sabe dónde encontrarlas. El funcionario explicó que, bajo esta norma, la Policía de Investigaciones (PDI) y el Servicio de Migraciones podrán requerir información específica solo cuando medie un procedimiento sancionatorio abierto, asegurando el resguardo de los datos personales.
RED DE INFORMACIÓN Y FISCALIZACIÓN
La normativa propuesta obligaría a entidades como Fonasa, Isapres, AFP, consultorios y establecimientos educacionales a proporcionar información clave de extranjeros bajo investigación migratoria. El ingreso del Artículo 104 bis busca que la administración del Estado tenga facultades transversales para acceder a correos electrónicos y domicilios actualizados. Desde La Moneda insistieron en que esta herramienta también permitirá detectar situaciones laborales irregulares y eventuales incumplimientos de empleadores que vulneren la ley vigente.
En esa línea, Andrés Longton, senador de Renovación Nacional, defendió la iniciativa argumentando la necesidad de robustecer la capacidad de fiscalización del Estado. El parlamentario sostuvo que esta información es muy valiosa para recopilar datos que permitan acelerar procesos que hoy se encuentran estancados por falta de ubicación de los infractores. El legislador argumentó además que contar con estos antecedentes servirá para conocer el impacto migratorio real en el sistema de salud y fortalecer la vigilancia sobre quienes no poseen documentación regular.
RESERVA DE DATOS Y ESTRATEGIA NACIONAL
El Ejecutivo aclaró que la entrega de estos antecedentes estará sujeta a estricta reserva y solo podrá utilizarse para fines migratorios específicos, conforme a la ley de protección de la vida privada. Esta medida se inserta en la estrategia del Gobierno para identificar a cerca de 300 mil personas que se estima permanecen de forma clandestina en el territorio. Con este cruce de información, se busca que el paso por un servicio público o privado no sea una instancia de impunidad, sino un mecanismo efectivo para concretar las políticas de control migratorio.
