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REVELAN QUE CATHY BARRIGA RINDIÓ $10 MILLONES AL SERVEL POR SERVICIOS NO PAGADOS Y QUE FUERON TRANSFERIDOS A JOAQUIN LAVÍN

Una investigación de CIPER Chile, basada en informes de la Contraloría, revela que la exalcaldesa de Maipú obtuvo reembolsos electorales por facturas de una empresa presuntamente vinculada a su esposo. Pese a que el dinero fue devuelto por el Estado, los fondos fueron transferidos directamente al exdiputado en lugar del proveedor.

Un nuevo y explosivo antecedente se suma al complejo puzzle judicial que rodea a la exalcaldesa de Maipú, Cathy Barriga, y a su cónyuge, el ahora exdiputado Joaquín Lavín León. Según una investigación publicada por el medio CIPER Chile, la Contraloría General de la República (CGR) detectó una maniobra financiera donde fondos públicos reembolsados para gastos de campaña terminaron en las cuentas personales del matrimonio, sin haber pagado nunca a los proveedores declarados.

El foco de la investigación se centra en la empresa Modo74 SpA, una plataforma de mensajería que el Ministerio Público describe como una propiedad “subrepticia” de Lavín León, utilizada presuntamente para triangular dineros del Congreso y de campañas electorales.

La factura fantasma de los $10 millones

Durante la campaña a la reelección municipal de 2021, Cathy Barriga rindió ante el Servicio Electoral (Servel) una factura por $10.000.000 emitida por Modo74 por concepto de propaganda en redes sociales. La exautoridad declaró haber realizado el pago mediante tarjeta de crédito, lo que permitió que el Servel aprobara el gasto y procediera al reembolso con fondos fiscales.

Sin embargo, tras analizar las cuentas bancarias de la exalcaldesa, la Contraloría fue tajante: “No existieron transferencias realizadas por la exalcaldesa a la empresa o a su dueño”. En lugar de saldar la deuda con el proveedor, Barriga recibió un reembolso total de $63 millones en su cuenta electoral del Banco Estado, desde la cual transfirió de inmediato $61.085.000 directamente a Joaquín Lavín.

Lavín en el centro del esquema

El informe de la CGR desmiente la versión que el propio Joaquín Lavín entregó a la Fiscalía el 24 de abril de 2025, donde aseguró bajo juramento que todos los servicios habían sido pagados. La entidad de control revisó las cartolas de Modo74 y de su dueño formal, Felipe Vázquez (exasesor de Lavín), y no encontró evidencia de transferencias ni de depósitos en efectivo que justificaran el pago de esos $10 millones, ni de otros $12 millones correspondientes a la campaña del propio diputado.

Para el Ministerio Público, esta dinámica refuerza la tesis de que Lavín era el dueño en las sombras de la empresa proveedora. Al rendir facturas de su «propia» empresa y luego transferirse el dinero del reembolso entre cónyuges, el matrimonio habría logrado extraer fondos públicos de manera ilícita.

Desafuero y fraude al fisco

Estos hallazgos son piezas clave en la solicitud de desafuero que enfrenta Lavín ante la Corte de Apelaciones de Santiago. La fiscalía busca imputarle cargos por fraude al fisco, argumentando que Modo74 no solo fue utilizada en campañas, sino que también fue la principal prestadora de servicios del parlamentario en el Congreso, operando como un vehículo para desviar asignaciones parlamentarias.

“Lo anterior deja en evidencia que la factura fue rendida ante el Servel por Cathy Barriga, pero no fue pagada por la exalcaldesa a Modo74”, concluye el informe de Contraloría citado por CIPER, dejando al descubierto lo que parece ser una estrategia de simulación de gastos para obtener beneficios económicos personales.

Silencio de la defensa

Consultados por estos antecedentes, el equipo jurídico de Joaquín Lavín, encabezado por el abogado Cristóbal Bonacic, declinó emitir comentarios, mientras la justicia se prepara para definir el futuro procesal del exdiputado en una causa que amenaza con hundir aún más la situación judicial de la pareja.


“El dinero fue reembolsado a Barriga con fondos públicos, pero no existieron transferencias a la empresa, sino directamente a su esposo Joaquín Lavín”, detalla el informe de Contraloría que contradice las declaraciones del matrimonio ante la fiscalía.

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