Durante el juicio oral, la Fiscalía sostuvo que el condenado se aprovechó de su posición de autoridad y cercanía con estudiantes para cometer los hechos investigados, antecedentes que fueron considerados por el tribunal al momento de dictar el veredicto condenatorio.
La Fiscalía Regional de Tarapacá confirmó que realizará un análisis jurídico de la sentencia emitida por el Tribunal Oral en lo Penal de Iquique contra el exconstituyente y exconsejero republicano Sebastián Parraguez, quien fue condenado por delitos de connotación sexual cometidos contra estudiantes menores de edad mientras ejercía funciones como docente en un establecimiento educacional de Alto Hospicio.
La información fue entregada por la abogada asesora de la Fiscalía Regional de Tarapacá, Marcela Tapia, quien explicó que la resolución será revisada por la unidad especializada en delitos sexuales para determinar si corresponde ejercer nuevas acciones legales.
“La lectura de sentencia se efectuó durante esta jornada y, a partir de ello, la unidad de asesoría jurídica junto al equipo especializado en delitos sexuales realizará el análisis respectivo conforme a las instrucciones del fiscal a cargo de la causa”, señaló.
El tribunal condenó a Parraguez a cuatro años de libertad vigilada intensiva por tres hechos ocurridos entre marzo y junio de 2024, además de decretar la prohibición de acercarse a las víctimas durante todo el periodo de cumplimiento de la pena.
Asimismo, la justicia dejó sin efecto la medida cautelar de prisión preventiva, reemplazándola por arraigo nacional y supervisión judicial.
Fiscalía había solicitado presidio efectivo
Durante el juicio oral, el Ministerio Público solicitó una pena de seis años de cárcel efectiva, argumentando la gravedad de los hechos y la posición de autoridad que mantenía el acusado dentro del recinto educacional.
Según explicó Marcela Tapia, la acusación contempló hechos diferenciados respecto de dos víctimas menores de edad, por lo que se solicitaron sanciones independientes en sus rangos superiores.
“No obstante, el tribunal aplicó las normas relativas a reiteración de delitos y efectuó una determinación distinta a la planteada por la fiscalía”, indicó.
La representante del Ministerio Público sostuvo además que los antecedentes reunidos durante la investigación fueron determinantes para acreditar la responsabilidad penal del condenado.
“Durante la etapa investigativa se incorporaron elementos de prueba que resultaron claves para que el tribunal llegara a una decisión condenatoria”, afirmó.
El rol docente y el vínculo con las víctimas
Uno de los puntos centrales abordados durante el juicio fue la relación de cercanía y autoridad que el acusado mantenía con las estudiantes debido a sus funciones dentro del establecimiento.
De acuerdo con los antecedentes expuestos por la fiscalía, Parraguez se desempeñaba como profesor y además participaba en actividades vinculadas al centro de alumnos y jornadas extracurriculares, lo que le permitía mantener contacto frecuente con estudiantes dentro y fuera del colegio.
Desde la fiscalía explicaron que esa posición facilitó la interacción directa con las víctimas en espacios escolares y actividades complementarias organizadas por el establecimiento.
“El condenado se aprovechaba de su rol y de las funciones que ejercía para aproximarse a las víctimas en distintos contextos relacionados con la vida escolar”, señaló Tapia.
Los hechos acreditados durante el juicio
El Tribunal Oral en lo Penal de Iquique dio por acreditados tres episodios ocurridos durante el año 2024.
El primero ocurrió al interior de una sala de clases, cuando el acusado se acercó a una estudiante de 15 años y realizó contactos físicos no consentidos.
Posteriormente, otro de los hechos investigados se registró durante una salida organizada por el colegio a un centro comercial de Iquique, instancia en que el entonces docente habría efectuado conductas impropias hacia una de las alumnas.
El tercer episodio afectó a una estudiante de 17 años y ocurrió dentro del establecimiento educacional, donde el acusado realizó acciones inapropiadas vinculadas al contacto físico y comentarios de carácter invasivo relacionados con la vestimenta de la víctima.
El tribunal estimó acreditada la participación culpable de Parraguez en todos los hechos investigados.
Investigación comenzó tras denuncia de apoderadas
La causa se inició luego que familiares de las estudiantes afectadas presentaran denuncias ante la Fiscalía Local de Alto Hospicio y la Policía de Investigaciones, tras conocer los relatos entregados por las menores.
Posteriormente, el establecimiento educacional activó sus protocolos internos de convivencia escolar y suspendió al docente de sus funciones mientras avanzaba la investigación.
En paralelo, la Unidad de Atención a Víctimas y Testigos del Ministerio Público otorgó acompañamiento y apoyo especializado a las afectadas y sus familias.
Actualmente, las víctimas continúan con tratamiento psicológico y medidas de protección.
