A través de una denuncia realizada en redes sociales, la actual directiva de la Junta de Vecinos Raúl Rettig dio a conocer que se trasladaron de manera urgente hasta las dependencias del Juzgado de Pozo Almonte. Los dirigentes ingresaron un requerimiento de mediación legal con el fin de obtener la documentación de rendición y regularización de un proyecto financiado por el FNDR, el cual mantiene a la organización bloqueada para postular a nuevos beneficios estatales.
Según expusieron en su plataforma digital, este conflicto administrativo se originó tras una gestión incompleta de la directiva anterior. Esta situación ha impedido que la organización acceda a fondos concursables que son vitales para el desarrollo de la comunidad. Los actuales representantes detallaron que desde el mes de febrero han intentado alcanzar un acuerdo con la persona responsable de entregar los documentos, obteniendo únicamente respuestas negativas durante todo el proceso.
ACCIONES LEGALES PARA RECUPERAR BENEFICIOS
Ante la falta de soluciones por vías informales, los vecinos decidieron hacer pública la situación y escalar el caso a instancias judiciales. Con esta medida buscan evitar que el barrio pierda la posibilidad de participar en proyectos de mejora comunitaria, los cuales son fundamentales para elevar la calidad de vida de las familias que residen en el sector y fortalecer la infraestructura local.
La directiva subrayó en su comunicado que agotarán todas las instancias legales disponibles para obtener los archivos requeridos y regularizar la situación administrativa de la unidad vecinal. Con el trámite ya iniciado en el Juzgado de Pozo Almonte, la organización espera resolver el estancamiento financiero y recuperar la facultad de atraer nuevas inversiones públicas para la zona.
