Un profundo cambio en la estructura del gasto público proyecta el estudio titulado “Análisis de la migración en Chile: caracterización y desafíos para el Pilar Solidario”. El informe, elaborado por la consultora Qualimet a petición del Consejo Consultivo Previsional, estima que el costo fiscal para cubrir la Pensión Garantizada Universal en población extranjera pasará de los 60 millones de dólares actuales a más de 1.600 millones de dólares hacia el año 2050.
Este incremento exponencial se explica por el proceso de maduración de las olas migratorias que ingresaron al país entre 2017 y 2024. Según los analistas, para la década de 2040 gran parte de esta población cumplirá simultáneamente con los requisitos de tener 65 años y acreditar al menos 20 años de residencia en territorio nacional.
IMPACTO POR NACIONALIDAD Y GÉNERO
El reporte detalla que el crecimiento del gasto estará liderado principalmente por ciudadanos de Venezuela, reflejando la llegada masiva registrada en la década pasada. En una escala más gradual le siguen los flujos provenientes de Perú y Colombia, mientras que en el caso de Haití se espera un despegue tardío debido a que su población actual es mayoritariamente joven.
Además, el estudio advierte que el beneficio se concentrará con mayor fuerza en las mujeres. Esto se debe a su mayor expectativa de vida y a que suelen presentar niveles de pensión autofinanciada más bajos en comparación a los hombres, lo que las hace potencialmente elegibles para recibir este apoyo estatal.
PRESIÓN SOBRE EL PRODUCTO INTERNO BRUTO
En términos macroeconómicos, se estima que para mediados de siglo este gasto representará cerca del 0,39% del PIB, una cifra significativamente mayor al 0,01% que representa en la actualidad. Los expertos subrayan que el número de beneficiarios superará las 511 mil personas, lo que obliga a una planificación fiscal de largo plazo para evitar desequilibrios en las arcas del Estado.
Finalmente, el documento aclara que, aunque la población migrante ya supera el 1,6 millón de personas en Chile, el impacto actual es limitado porque la mayoría se encuentra en edad activa. Sin embargo, la tendencia de gasto se acelerará drásticamente a partir del año 2036, cuando las grandes cohortes de inmigrantes alcancen la antigüedad requerida por la normativa vigente.
