El organismo fiscalizador otorgó un plazo de 10 días hábiles para que el Ejecutivo entregue un informe fundado tras la denuncia de parlamentarios socialistas. La investigación busca determinar si existió uso de recursos públicos en el evento privado sostenido por el Mandatario.
La Contraloría General de la República (CGR) ha tomado cartas en la polémica generada por el encuentro social del Presidente José Antonio Kast en el Palacio de La Moneda. El organismo ofició a la Dirección Administrativa de la Presidencia para que entregue detalles pormenorizados sobre el almuerzo que el Jefe de Estado mantuvo con sus excompañeros de universidad en la sede de Gobierno.
La acción del ente contralor responde a una denuncia formal presentada por la senadora Daniella Cicardini y los diputados Daniel Manouchehri y Nelson Venegas, todos representantes del Partido Socialista (PS). Los parlamentarios buscan esclarecer si la cita se ajustó a la normativa vigente o si implicó una vulneración al principio de probidad.
El requerimiento de la Contraloría
En el documento emitido por la CGR, se instruye a la Presidencia a informar «fundadamente a este organismo contralor al tenor de lo expuesto por los solicitantes». Para ello, el Ejecutivo cuenta con un plazo de diez días hábiles administrativos para remitir los antecedentes.
Entre las exigencias del oficio se encuentran:
- Que el informe sea preparado con la intervención de la asesoría jurídica o abogados de la entidad.
- El envío de todos los antecedentes necesarios para resolver si hubo o no irregularidades.
- La aclaración del uso de instalaciones y personal de palacio para fines personales.
¿Uso de recursos estatales o evento privado?
La denuncia de los legisladores socialistas apunta a determinar si en este encuentro se utilizaron recursos del Estado y si existe una justificación suficiente para el uso de estos en un evento de carácter privado. Según los denunciantes, el uso de la infraestructura simbólica y operativa de La Moneda para reuniones de camaradería debe ser estrictamente fiscalizado.
Por su parte, la defensa desde el Ejecutivo ha sido tajante. Desde que se conoció el hecho, en La Moneda han sostenido reiteradamente que la actividad fue costeada personalmente por el Presidente Kast, asegurando que no se utilizaron fondos públicos para el banquete.
El escenario político
Este oficio añade una nueva capa de presión sobre la gestión administrativa de la Presidencia, que ahora deberá demostrar con comprobantes y argumentos jurídicos que el almuerzo no significó una carga para el erario nacional. El resultado de este informe será clave para determinar si la Contraloría dará por cerrada la investigación o si instruirá sumarios administrativos para perseguir eventuales responsabilidades.
