El proyecto del gobierno propone reducir de forma gradual el impuesto a las empresas desde 27% a 23% entre 2028 y 2030, junto con reintegrar el sistema tributario y aplicar medidas inmediatas para incentivar el empleo y la inversión.
El Ejecutivo afina los últimos detalles de un amplio proyecto de ley en materia económica que será presentado en los próximos días, el cual incorpora un conjunto de modificaciones tributarias orientadas a incentivar la inversión, fortalecer el empleo y simplificar el sistema impositivo.
La iniciativa, impulsada por el gobierno del Presidente José Antonio Kast, considera más de 40 medidas, entre las que destacan la reducción del impuesto a las empresas, la reintegración del sistema tributario y una serie de incentivos dirigidos a la reactivación económica.
Rebaja de impuesto corporativo en tres etapas
Uno de los ejes centrales del proyecto es la disminución del impuesto de primera categoría, que actualmente se sitúa en 27%. La propuesta establece una reducción progresiva hasta llegar al 23%, la que se implementaría de manera gradual entre 2028 y 2030.
De acuerdo con los lineamientos en discusión, el ajuste se aplicaría en tres fases: una baja inicial de 1,5 puntos porcentuales el primer año, seguida por una reducción similar en el segundo, y un descenso final de un punto en el tercer año.
Este esquema busca compatibilizar el alivio tributario con la sostenibilidad fiscal, permitiendo una transición ordenada hacia una menor carga impositiva para las empresas.
Reintegración del sistema tributario
En paralelo, el Ejecutivo propone avanzar en la reintegración del sistema tributario, actualmente semiintegrado. Esto implica que el crédito por impuesto corporativo que pueden utilizar los dueños de empresas al momento de tributar aumentaría progresivamente desde el 65% hasta el 100%.
El mecanismo también se aplicaría de forma escalonada, con incrementos anuales hasta completar la integración total en un plazo de tres años.
Medidas de impacto inmediato
A diferencia de los cambios estructurales, algunas disposiciones tendrían aplicación inmediata. Entre ellas se incluye un crédito tributario al empleo, orientado a incentivar la contratación formal, especialmente en segmentos de menores ingresos.
Asimismo, el proyecto contempla la eliminación de contribuciones para adultos mayores sobre su vivienda principal, sin distinción de nivel socioeconómico, y beneficios transitorios para el mercado inmobiliario, como la aplicación de IVA 0% en la venta de viviendas nuevas por un período acotado.
Incentivos a la inversión y simplificación normativa
El paquete también incorpora la eliminación de impuestos a determinadas operaciones bursátiles y la implementación de mecanismos de estabilidad tributaria para grandes proyectos de inversión, con el objetivo de entregar mayor certeza jurídica.
En esa línea, se evalúan ajustes a registros tributarios como el de Rentas Afectas a Impuestos Finales (RAI), instrumento que controla las utilidades acumuladas en las empresas y su eventual tributación al momento de ser retiradas.
Defensa del proyecto desde Hacienda
El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, ha sostenido reuniones con parlamentarios oficialistas para explicar los alcances de la propuesta y abordar inquietudes sobre su impacto.
En ese contexto, defendió la reducción del impuesto corporativo señalando que, “es una rebaja de impuestos para que aumente la inversión y el empleo”, agregando que la medida beneficiaría a un amplio universo de empresas que concentran una parte relevante del empleo en el país.
El secretario de Estado también enfatizó que los primeros efectos se verán en las pequeñas y medianas empresas. “La baja principal ocurre de inmediato a través de incentivos como el crédito al empleo, lo que permite inyectar recursos y dinamizar la actividad económica en todo el territorio”, indicó.
Debate político y proyecciones
El proyecto ha generado reacciones en el ámbito político, particularmente respecto del impacto de la rebaja tributaria en la recaudación fiscal y su eventual efecto distributivo.
Desde el Ejecutivo, sin embargo, se insiste en que la iniciativa está orientada a la reactivación económica. “Es un proyecto de crecimiento, de recuperación del empleo y de impulso a sectores que han sido fuertemente afectados”, sostuvo el ministro.
De concretarse el cronograma planteado, el nuevo esquema tributario alcanzaría su régimen completo en 2030, marcando un cambio estructural en la forma en que se gravan las utilidades empresariales en el país.
El ingreso del proyecto al Congreso abrirá ahora una etapa de discusión legislativa, donde se definirán los alcances finales de una reforma que busca equilibrar crecimiento económico, inversión y sostenibilidad fiscal en el mediano plazo.
