En el marco de la Comisión de Gobierno, Descentralización y Regionalización del Senado, el Ejecutivo presentó los ejes de su agenda 2026, instancia donde el foco estuvo puesto en seguridad, migración y fortalecimiento de las regiones. Sin embargo, el debate estuvo marcado por las dudas sobre el financiamiento de las medidas, especialmente en el norte del país.
Uno de los puntos más relevantes lo expuso el subsecretario de Desarrollo Regional, Sebastián Figueroa, quien detalló el alcance del nuevo plan de inversión para Tarapacá. La autoridad informó que el programa “Ecosistema Tarapacá” contempla una inversión total de $2,2 billones para el periodo 2026-2036, orientada a proyectos de desarrollo regional que incluyen infraestructura y apoyo territorial.
“Es un plan que ya está en vigencia y suma proyectos por más o menos 2,2 billones de pesos, con una ejecución proyectada a 10 años”, explicó la autoridad, agregando que para este año ya se asignaron cerca de mil millones de pesos destinados a iniciar diseños e implementación.
TRISOTTI PIDE PRECISIONES POR SEGURIDAD FRONTERIZA
Pese a las cifras entregadas, el senador Renzo Trisotti manifestó su preocupación respecto a los recursos específicos destinados a seguridad y control migratorio, especialmente considerando la presión en la frontera norte.
“Cuando uno ve que tenemos 44 mil solicitudes de expulsiones pendientes, me preocupa desde el punto de vista presupuestario si esto efectivamente se va a poder ejecutar”, advirtió.
En la misma línea, insistió en la necesidad de claridad financiera: “Es importante ver las formas de poder financiarlo en razón de los flujos presupuestarios de 2026 y si esto es realmente alcanzable o si se deberán buscar soluciones adicionales”.
El parlamentario también planteó la necesidad de considerar infraestructura permanente en la frontera, anticipando el eventual retiro de las Fuerzas Armadas de estas labores.
COSTOS DE EXPULSIÓN Y LIMITACIONES PRESUPUESTARIAS
Durante la sesión, el ministro del Interior, Claudio Alvarado, reconoció que los recursos actuales son acotados frente al desafío migratorio. La autoridad detalló que el presupuesto disponible ronda los $4 mil millones y que el costo por expulsión alcanza cerca de $3 millones por persona, lo que complejiza abordar el total de casos pendientes.
“Lo que está establecido en el presupuesto no es mucho”, señaló, añadiendo que se evalúan mecanismos para sostener el plan: “Vamos a tratar de que los recursos propios del servicio puedan reasignarse para darle continuidad a este proceso”.
LLAMADO A ORDENAR PRIORIDADES
Por su parte, la presidenta de la comisión, la senadora Danisa Astudillo, destacó la necesidad de avanzar con una hoja de ruta clara entre el Ejecutivo y el Legislativo. “Me interesa que podamos planificar en conjunto cuáles van a ser las prioridades legislativas del actual gobierno”, afirmó.
Asimismo, recalcó la importancia de contar con información precisa sobre las medidas en terreno, especialmente en zonas fronterizas, incluyendo costos, plazos y alcance de las obras.
La sesión dejó en evidencia que, si bien existen planes de inversión relevantes para regiones como Tarapacá, persiste la preocupación en el Senado por la falta de claridad en el financiamiento específico de las medidas de seguridad y control migratorio, tema que seguirá siendo parte central del debate legislativo en las próximas semanas.
