Una disputa de alta tensión se desarrolla en el Poder Judicial en el norte del país, donde una jueza mantiene un prolongado conflicto con la Corte de Apelaciones de Iquique, en medio de acusaciones de maltrato laboral, sumarios administrativos reiterados y un cuadro de salud mental reconocido como enfermedad profesional.
El caso ha escalado en las últimas semanas luego que la magistrada, mientras se encontraba con licencia psiquiátrica vigente, fuera nuevamente citada a declarar en una investigación administrativa en su contra. Se trata de un proceso que ya había sido revisado y respecto del cual incluso existía una recomendación de sobreseimiento, pero que fue reabierto por decisión del pleno de la corte.
Según el trabajo de BíoBío Investiga, para la jueza, esta determinación constituye un acto que vulnera directamente su integridad psíquica, lo que la llevó a presentar un recurso de protección, actualmente en conocimiento de instancias superiores.
DE ALTO DESEMPEÑO A CONFLICTO INSTITUCIONAL
El origen de esta controversia se remonta a varios años atrás. Hasta 2016, la magistrada desarrollaba sus funciones sin mayores conflictos, con altas calificaciones, productividad destacada y un constante perfeccionamiento académico, incluyendo estudios de posgrado en Derecho Laboral.
Sin embargo, en 2017 se produjo un quiebre. En su proceso de calificación anual comenzaron a aparecer observaciones críticas sobre su desempeño y relaciones laborales, las que —según su entorno— no se condicen con su rendimiento real. De hecho, pese a esos cuestionamientos, la jueza mantuvo una nota sobresaliente, lo que evidenciaría una contradicción entre evaluación cuantitativa y apreciaciones cualitativas.
Documentos reunidos posteriormente dan cuenta de que la magistrada incluso asumió en solitario el funcionamiento del tribunal durante varios días y continuó trabajando pese a presentar problemas de salud, lo que refuerza su defensa frente a las críticas.
DENUNCIAS, SUMARIOS Y UN AMBIENTE EN DISPUTA
Años más tarde, en 2024, la jueza formalizó una denuncia por hostigamiento laboral, discriminación y situaciones de acoso, apuntando a decisiones administrativas que la habrían perjudicado, como la negación de permisos, exclusión de instancias relevantes y alteraciones en indicadores de desempeño.
Uno de los episodios más delicados incluidos en su denuncia dice relación con un caso de acoso sexual por parte de un funcionario, quien le habría enviado material inapropiado. Aunque el trabajador fue sancionado, la magistrada cuestionó la falta de medidas posteriores y el manejo institucional del caso.
El sumario instruido tras su denuncia incluyó declaraciones de diversos funcionarios, quienes en su mayoría descartaron un ambiente hostil. Finalmente, la investigación concluyó sin acreditar los hechos, señalando que podrían corresponder a percepciones personales o malentendidos.
ENFERMEDAD PROFESIONAL Y DETERIORO DE LA SALUD
En paralelo al desarrollo de estos conflictos, la jueza comenzó a evidenciar un deterioro en su salud mental. Entre 2023 y 2024 acumuló decenas de días de licencia psiquiátrica, hasta que en mayo de 2025 la Superintendencia de Seguridad Social determinó que su condición correspondía a una enfermedad de origen laboral.
El organismo estableció que la magistrada estuvo expuesta a factores de riesgo psicosocial, como condiciones organizacionales adversas y falta de apoyo institucional, elementos que habrían incidido directamente en su estado de salud.
Este reconocimiento marcó un punto clave en el caso, ya que respalda la tesis de la jueza respecto a un entorno laboral perjudicial.
VIAJES, LICENCIAS Y NUEVO FOCO DE INVESTIGACIÓN
A pesar de este contexto, la magistrada volvió a enfrentar un nuevo proceso disciplinario, esta vez relacionado con viajes realizados al extranjero mientras se encontraba con licencia médica. Según explicó en su declaración, estos traslados tenían un motivo personal y emocional, ya que sus hijos residían fuera del país y constituían su principal red de apoyo en medio del deterioro de su salud mental.
El fiscal a cargo del sumario recomendó el cierre del caso, argumentando que no existían faltas, especialmente considerando que algunas licencias contemplaban reposo ambulatorio. No obstante, la Corte de Apelaciones decidió reabrir la investigación y exigir nuevos antecedentes, incluyendo información migratoria y una nueva declaración.
Esta decisión fue interpretada por la defensa de la jueza como un acto que podría agravar su condición, advirtiendo un riesgo real de retroceso en su estado de salud.
RESPUESTA INSTITUCIONAL Y ESCALADA DEL CASO
Desde la Corte de Apelaciones de Iquique han rechazado las acusaciones, asegurando que no existen pruebas objetivas de hostigamiento ni animadversión hacia la magistrada. Asimismo, sostienen que todas las actuaciones se han realizado conforme a la normativa vigente y dentro de los procedimientos establecidos.
También indicaron que se han implementado medidas de apoyo, como opciones de reintegro progresivo, y que las evaluaciones y decisiones administrativas responden a criterios institucionales y no personales.
Sin embargo, el conflicto continúa escalando. La jueza mantiene diversas acciones legales en curso, incluyendo recursos por la exposición de sus antecedentes médicos y reclamaciones por el término de prestaciones de salud, lo que añade nuevos frentes a una disputa que combina elementos laborales, disciplinarios y de salud mental.
El caso sigue abierto y podría tener repercusiones mayores dentro del sistema judicial, al poner en debate los límites entre la potestad disciplinaria de las cortes y la protección de la salud de sus funcionarios.
🟢 IMPORTANTE ACLARACIÓN: De acuerdo con el principio de presunción de inocencia, toda persona acusada de un delito debe ser considerada inocente mientras no exista una sentencia judicial firme que determine su culpabilidad. Esta nota aborda un proceso aún en desarrollo y no pretende prejuzgar los hechos ni el resultado final de las investigaciones.
