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ORDENAN REALIZAR SUMARIOS EN LA FACH Y LA DGAC POR FUNCIONARIOS VINCULADOS A APUESTAS EN CASINOS

Tras un revelador informe de Contraloría, el Ministerio de Defensa otorgó un plazo de 5 días para informar acciones contra 12 funcionarios que, custodiando fondos públicos, realizaron transacciones en juegos de azar.

Una fuerte ofensiva por la probidad ha iniciado el Ministerio de Defensa tras conocerse el Consolidado de Información Circularizada N° 20 de la Contraloría General de la República (CGR). El informe reveló una alarmante cifra: 910 funcionarios públicos a nivel nacional, encargados de administrar o custodiar fondos del Estado, realizaron transacciones vinculadas a juegos de azar en casinos.

Dentro de este grupo, la lupa se puso sobre el sector Defensa, donde figuran dos funcionarios de la Fuerza Aérea de Chile (FACh) y 10 de la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC).

Plazo fatal de 5 días

Ante la gravedad de los antecedentes, la cartera de Defensa cursó oficios perentorios a ambas instituciones. En los documentos se ordena informar, en un plazo máximo de 5 días, las acciones y sumarios administrativos que se iniciarán para establecer las responsabilidades correspondientes.

El objetivo ministerial es claro: fortalecer los mecanismos de control interno para resguardar la integridad y la confianza pública que exige el servicio al país.

Indagatoria general en todas las reparticiones

Pero la medida no se detiene en la FACh y la DGAC. El Ministerio de Defensa extendió la orden a todas sus reparticiones dependientes a través de un nuevo oficio. Esta instrucción busca:

  • Realizar una indagación interna para detectar posibles casos similares a los reportados por la CGR.
  • Adoptar medidas inmediatas para evitar que este tipo de situaciones se repitan.
  • Garantizar que todos los servicios actúen con celeridad para establecer sanciones administrativas.

Con esta acción, Defensa busca asegurar un estricto apego a la legalidad en el manejo de los recursos de todos los chilenos, cerrando el paso a conductas que pongan en duda la ética de quienes custodian el patrimonio fiscal.

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