La autoridad regional presentó una grave denuncia administrativa y penal tras detectar que personal policial habría escoltado a una funcionaria de confianza del Gore para presionar a dirigentes sociales. El objetivo: «fabricar pruebas» que permitan subsanar el cuestionado gasto de $58 millones en computadores, observado por la Contraloría.
Una verdadera «bofetada para las familias que exigen seguridad». Así calificó el Consejero Regional de Tarapacá, Luis Milla Ramírez, luego de que se conociera una denuncia administrativa y penal presentada por la autoridad que terminó en un intercambio de declaraciones con el Gobierno Regional (GORE), dejando al descubierto una profunda fractura en la fiscalización de los recursos públicos.
El operativo: Policías como «gestores de firmas»
Según el documento ingresado este lunes 23 de marzo, el incidente se registró cerca de las 13:00 horas del viernes pasado, cuando una funcionaria identificada como la Sargento Córdova y otro más de la Oficina Comunitaria de Carabineros contactaron a dirigentes de la Junta Vecinal El Morro N° 2. La denuncia sostiene que los uniformados actuaron como escoltas de una «funcionaria de confianza» del Gobierno Regional (GORE), quien se ocultaba dentro del furgón policial para realizar gestiones administrativas.
El objetivo del despliegue sería obtener firmas de los dirigentes en documentos destinados a «subsanar» el Informe Final 510 del 2025 de la Contraloría, el cual detectó que $58.362.020 fueron rendidos por el GORE sin la documentación de respaldo necesaria.
«Amedrentamiento, no seguridad»
Para el consejero, este acto constituye una coacción y una obstrucción directa a la justicia. «La presencia policial para este trámite administrativo no es seguridad, es amedrentamiento«, fustigó la autoridad, señalando que se está utilizando el uniforme para forzar voluntades de ciudadanos y validar recepciones de computadores que podrían ser inexistentes.
La denuncia apunta a una desnaturalización de la Oficina Comunitaria, unidad que debería enfocarse en la prevención del delito y no en actuar como una «oficina móvil» para proteger a políticos.
Petitorio: Sumarios y persecución penal
Ante la gravedad de los antecedentes, Milla solicitó medidas inmediatas a tres instituciones clave:
- Al Ministerio Público: Investigar a los funcionarios policiales y a la funcionaria del GORE por posible obstrucción a la justicia y coacción.
- A la Contraloría (CGR): Informar que el proceso de «subsanación» está viciado por el uso de la fuerza pública para producir documentación falsa.
- Al Alto Mando de Carabineros: Iniciar un sumario administrativo urgente por el desvío de funciones legales de la Sargento Córdova y su equipo.
«¿Es esta la emergencia que se le prometió a Chile? ¿Patrullas salvando a políticos corruptos mientras los ciudadanos quedan a merced del delito?», cuestionó finalmente el consejero, apelando directamente a las promesas de seguridad del actual Gobierno de Emergencia del Presidente Kast.
La respuesta del GORE: «Es una instrumentalización irresponsable»
A través de una declaración oficial, el Gobierno Regional de Tarapacá desmintió punto por punto las acusaciones de Milla, calificándolas de «afirmaciones completamente falsas».
Desde el GORE señalaron que:
- Colaboración Activa: Confirmaron que están trabajando con las organizaciones sociales para cumplir con lo que la Contraloría exige: acreditar el número de serie de cada notebook y confirmar su uso público.
- Desmentido sobre Carabineros: El GORE negó «categóricamente» haber utilizado vehículos policiales o escoltas para fines institucionales.
- Ataque Político: Acusaron al consejero de instrumentalizar a Carabineros de Chile con fines electorales y políticos. «Es especialmente grave este nivel de desinformación (…) No solo falta a la verdad, sino que daña la confianza en instituciones fundamentales«, sentenciaron.
Pese al desmentido del GORE, el consejero Milla sostiene que existen testigos y que el procedimiento vicia cualquier intento de «subsanación» ante el ente contralor. Por su parte, el Gobierno Regional reafirmó que seguirá apoyando la ejecución de proyectos del FNDR, asegurando que su único interés es que los beneficios lleguen a la comunidad de forma transparente.
