En una jornada marcada por descalificaciones y reservas de constitucionalidad, la Cámara Alta visó en general la iniciativa que busca el cumplimiento alternativo de penas para mayores de 70 años. Mientras la oposición denuncia una «impunidad encubierta» para violadores de DD.HH., los autores aseguran que el proyecto se ajusta al derecho internacional y no extingue condenas.
En una votación de infarto que terminó con 23 votos a favor y 22 en contra, la Sala del Senado aprobó este martes en general el proyecto de ley que regula la suspensión y el cumplimiento alternativo de penas privativas de libertad. La moción, impulsada por los senadores Chahuán (RN), Ebensperger (UDI), Cruz-Coke (Evópoli), Kusanovic (IND) y Kuschel (RN), ha desatado una de las batallas políticas más ásperas del último tiempo en el Congreso.
La polémica por la «Ley Macaya» y peticiones de inhabilitación
El debate alcanzó su punto máximo de tensión cuando el senador Daniel Núñez (PC) solicitó formalmente la inhabilitación del senador Javier Macaya (UDI). Núñez argumentó que el padre del legislador, Eduardo Macaya —condenado por abusos sexuales contra menores—, podría verse eventualmente beneficiado por esta ley al cumplir 76 años.
La solicitud fue calificada como «lo más bajo» por el senador Rojo Edwards, quien junto a Luciano Cruz-Coke defendió a Macaya, asegurando que el condenado no calificaría para los beneficios de esta norma y exigiendo borrar las palabras de Núñez del acta oficial.
Duras críticas: «Una vergüenza imborrable»
Desde la bancada oficialista, los ataques contra el proyecto no dieron tregua. El senador José Miguel Insulza (PS) calificó la moción como «basura» y advirtió sobre las consecuencias internacionales para el país:
“Se están creando las condiciones para liberar a 370 personas condenadas por crímenes de lesa humanidad que ni siquiera han confesado sus delitos ni dicho dónde están los detenidos desaparecidos”, sentenció Insulza.
Por su parte, el senador Fidel Espinoza (PS) increpó directamente a Francisco Chahuán, acusándolo de mentir al decir que el proyecto era solo para enfermos terminales y anunciando que su bancada presentará más de 100 indicaciones para frenar la iniciativa. Ante la inminente avanzada del proyecto, tanto Espinoza como Yasna Provoste (DC) realizaron reserva de constitucionalidad.
La defensa de Chahuán: «No hay impunidad»
El autor principal de la iniciativa, Francisco Chahuán (RN), se defendió de las acusaciones asegurando que existe una «confusión deliberada» para transformar un debate jurídico en una consigna política.
- Cumplimiento íntegro: Chahuán enfatizó que la pena no se anula ni se suspende, sino que cambia la forma de cumplimiento (arresto domiciliario).
- Marco Legal: Aseguró que la propuesta se basa en el derecho internacional vigente y en la jurisprudencia de la Corte Suprema sobre razones humanitarias.
Próximos pasos
Tras la estrecha victoria de la derecha, el presidente del Senado, Manuel José Ossandón, fijó el plazo para presentar indicaciones hasta el próximo lunes 16 de marzo al mediodía. Se espera una tramitación sumamente compleja, donde el oficialismo buscará desmantelar el núcleo del proyecto mediante enmiendas que excluyan explícitamente a condenados por delitos de lesa humanidad y abusos sexuales.
